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Una de las diferencias más claras entre los sistemas democráticos y los corporativistas es el hecho de que en estos últimos los ciudadanos ejercen sus derechos políticos únicamente desde la actividad económica que desarrollan en la sociedad.

Desde luego, hay otras diferencias no menos importantes que la anterior, como la que singulariza al corporativismo político real y lo distingue de las modernas democracias al ser el primero una forma de actualización del orden social medieval que, al tiempo que descree de las libertades públicas (aquellas que benefician a las personas por el solo hecho de ser tales y no por la posición que ocupan en el sistema productivo), intenta reinstaurar los supuestos valores y virtudes de una sociedad tradicional.

En una democracia cualquiera, cuando las personas participan en los asuntos públicos lo hacen como ciudadanos, sin más; es decir, como ciudadanos sin adjetivos ni aditamentos.

No existe, por tanto, una participación ciudadana de "los camioneros" diferente a la participación ciudadana de "los enfermeros" y, a su vez, diferente a la participación ciudadana de "los productores de tabaco". Salvo, claro está, en los regímenes corporativos, no democráticos.

Por esta razón, la pretensión del Tribunal Electoral de Salta (esa formidable polea de transmisión de intereses económicos particulares) de impartir un curso sobre la "participación ciudadana del docente", cuyo contenido está supuestamente relacionado con el futuro uso de los terminales de votación electrónica, constituye un atentado al sentido común democrático.

¡Por supuesto que los docentes son ciudadanos! Faltaría más. Y que es muy saludable que estos trabajadores ejerzan sus derechos de participación en los asuntos públicos, como cualesquiera otros.

Pero los docentes no son más ciudadanos que los demás; es decir, no son más ciudadanos que los no-docentes: ni por enfundarse el delantal blanco a la hora de votar, ni por ser los moradores habituales de las escuelas y colegios en donde se ejerce el derecho de sufragio, ni por enseñar a manejar las maquinitas de votar.

Tan cuestionable y asombrosa como esta pretendida superioridad del docente-ciudadano o del ciudadano-docente son las alturas académicas en las que pretende colocarse una institución instrumental y pedestre como el Tribunal Electoral de Salta, cuya misión no consiste en impartir clases de "participación ciudadana" a nadie.

El Tribunal Electoral de Salta, cada vez más devaluado, representa hoy el escalón más bajo de la confianza democrática de los ciudadanos en sus instituciones. Mal podría, por tanto, encaramarse este tribunal en una imaginaria cátedra y desde allí decidir quiénes son los elegidos que alcanzan el cielo de la participación ciudadana y quiénes los réprobos que merecen el infierno cívico eterno.

Zapatero a tus zapatos. Que los docentes se dediquen a enseñar y los tribunales a dirimir las controversias, que de la participación ciudadana y de la democracia nos encargamos nosotros: los ciudadanos.