Del control del locro al copamiento de los cargos judiciales de Salta
- Lunes 16 de Julio de 2012 - 14:38:23 h
- Por Redacción Iruya.com
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En la mañana de hoy, diversos medios de comunicación de la ciudad de Salta han reproducido el texto de la denuncia formulada ante el Ministerio Fiscal por el ciudadano Fernando César Mazzone contra un alto magistrado provincial, al que el denunciante acusa de varios delitos, entre ellos los de abuso de autoridad y violación de deberes.
La denuncia se inscribe en el contencioso que mantienen el citado juez y la hermana del denunciante, la diputada provincial Liliana Esther Mazzone, denunciada a su vez por amenazas, coacciones y negociaciones incompatibles con sus funciones por el mismo magistrado ahora denunciado por su hermano.
Serán desde luego los fiscales -y, en su caso, los jueces- quienes decidan quién de los dos dice la verdad acerca del encuentro que ambos, diputada y juez, mantuvieron en el despacho de este último un cierto día no muy lejano.
Ambas denuncias tienen un innegable componente folletinesco, pero a pesar de ello su lectura detenida deja traslucir que en las más altas instituciones del Estado podrían estar sucediendo cosas asombrosas... asombrosamente graves.
Uno de los puntos más escandalosos de la denuncia del señor Mazzone hace referencia al Presidente de la Cámara de Diputados de Salta, señor Santiago Manuel Godoy, de quien -según palabras del denunciante- el denunciado se habría referido en muy duros términos en aquella reunión.
En efecto, según esta versión unilateral (y, por lo tanto, parcial) de lo tratado en la reunión, el denunciado habría puesto en serio entredicho el funcionamiento del Consejo de la Magistratura Provincial (órgano constitucional encargado de la selección de los jueces de los tribunales inferiores).
En concreto, afirma esta versión que la designación de la actual titular del nuevo Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral de Personas y Familia de la ciudad de Joaquín V. González fue producto de un "enchufe" del Presidente de la Cámara de Diputados de Salta, cuya "fuerza institucional" superó dos intentos de los jueces de oponerse a tal designación.
"El Indio se quiere quedar con la Justicia y yo voy a evitarlo por todos los medios", dice el texto de la denuncia, en el que también se califica con extremada dureza al titular de la cámara baja, utilizando adjetivos que no nos animamos a reproducir aquí.
No es la primera vez que se le formulan a Godoy acusaciones de nepotismo y de vocación expansiva de su alto poder, que son más o menos dos caras de la misma moneda. De momento, Godoy -a través de uno de sus hijos- ya controla los mercados formal e informal del locro salteño, plato que es sometido a una rigurosa revisión técnica obligatoria por parte de inspectores de la Secretaría de Consumo.
El control del locro (que en la simbología política lugareña evoca el control del poder) puede estar preanunciando un avance nepotista sobre la Justicia provincial, aunque, de ser ciertas estas versiones, parece haber ya gente dispuesta "a evitarlo por todos los medios".
Frenando al Indio, salvaremos las instituciones, protegeremos la libertad y rescataremos al locro salteño para nosotros y para nuestra posteridad.
La denuncia se inscribe en el contencioso que mantienen el citado juez y la hermana del denunciante, la diputada provincial Liliana Esther Mazzone, denunciada a su vez por amenazas, coacciones y negociaciones incompatibles con sus funciones por el mismo magistrado ahora denunciado por su hermano.
Serán desde luego los fiscales -y, en su caso, los jueces- quienes decidan quién de los dos dice la verdad acerca del encuentro que ambos, diputada y juez, mantuvieron en el despacho de este último un cierto día no muy lejano.
Ambas denuncias tienen un innegable componente folletinesco, pero a pesar de ello su lectura detenida deja traslucir que en las más altas instituciones del Estado podrían estar sucediendo cosas asombrosas... asombrosamente graves.
Uno de los puntos más escandalosos de la denuncia del señor Mazzone hace referencia al Presidente de la Cámara de Diputados de Salta, señor Santiago Manuel Godoy, de quien -según palabras del denunciante- el denunciado se habría referido en muy duros términos en aquella reunión.
En efecto, según esta versión unilateral (y, por lo tanto, parcial) de lo tratado en la reunión, el denunciado habría puesto en serio entredicho el funcionamiento del Consejo de la Magistratura Provincial (órgano constitucional encargado de la selección de los jueces de los tribunales inferiores).
En concreto, afirma esta versión que la designación de la actual titular del nuevo Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral de Personas y Familia de la ciudad de Joaquín V. González fue producto de un "enchufe" del Presidente de la Cámara de Diputados de Salta, cuya "fuerza institucional" superó dos intentos de los jueces de oponerse a tal designación.
"El Indio se quiere quedar con la Justicia y yo voy a evitarlo por todos los medios", dice el texto de la denuncia, en el que también se califica con extremada dureza al titular de la cámara baja, utilizando adjetivos que no nos animamos a reproducir aquí.
No es la primera vez que se le formulan a Godoy acusaciones de nepotismo y de vocación expansiva de su alto poder, que son más o menos dos caras de la misma moneda. De momento, Godoy -a través de uno de sus hijos- ya controla los mercados formal e informal del locro salteño, plato que es sometido a una rigurosa revisión técnica obligatoria por parte de inspectores de la Secretaría de Consumo.
El control del locro (que en la simbología política lugareña evoca el control del poder) puede estar preanunciando un avance nepotista sobre la Justicia provincial, aunque, de ser ciertas estas versiones, parece haber ya gente dispuesta "a evitarlo por todos los medios".
Frenando al Indio, salvaremos las instituciones, protegeremos la libertad y rescataremos al locro salteño para nosotros y para nuestra posteridad.


