Noticias de Salta - Iruya.com

A menudo se pierde de vista que los derechos fundamentales de las personas no son más que derechos individuales que tienen al ciudadano por sujeto activo y al Estado por sujeto pasivo. En nuestro sistema constitucional, es el Estado quien asume el papel de garante de este tipo de derechos, sea que confieran a su titular un estatus jurídico determinado, sea que aseguren su libertad en un ámbito cualquiera de su existencia.

Desde este punto de vista, los Derechos Humanos no son muy diferentes al resto de los derechos subjetivos, pues su tutela reposa sobre la noción de la responsabilidad, que es común a todos los derechos que integran el Ordenamiento jurídico.

Por consiguiente, las violaciones de los Derechos Humanos, como cualesquiera otras acciones contrarias a los derechos subjetivos de las personas, dan lugar al nacimiento de una relación jurídica nueva, que se establece entre el sujeto a quien el acto antijurídico resulta imputable y el sujeto que sufre la agresión y que, por tanto, tiene derecho a reclamar la reparación por el incumplimiento de la obligación o la violación de sus derechos.

Sin embargo, el sistema de responsabilidad en materia de Derechos Humanos tiene algunas particularidades que lo distinguen con bastante nitidez de aquellos que establecen las consecuencias jurídicas de las transgresiones de otro tipo de derechos. La más notable de ellas consiste en que el mismo Estado que asume la obligación de garantizar su efectiva vigencia es también jurídicamente responsable frente a toda violación de los derechos fundamentales de las personas; esto es, con independencia de la naturaleza o condición del sujeto que las lleva a cabo.

Si bien es cierto que las violaciones de los Derechos Humanos son -en una enorme proporción de casos- imputables de forma directa al Estado (en tanto son realizadas por funcionarios públicos, agentes de las fuerzas de seguridad u otros organismos estatales), su responsabilidad jurídica resulta igualmente exigible tanto cuando la violación es cometida por particulares ajenos al entramado estatal, como cuando es llevada a cabo por funcionarios o agentes públicos que actúan abiertamente al margen de la ley o en contra de los criterios y directivas del gobierno.

Esta responsabilidad indirecta surge, típicamente, en dos casos: cuando la violación se produce por falta de la debida diligencia de los funcionarios del Estado para prevenir la violación, y cuando estos mismos funcionarios transgreden el deber jurídico de investigar, juzgar y sancionar las violaciones.

En Salta

El caso de los policías de la Comisaría de General Güemes, en la Provincia de Salta, constituye una ocasión propicia para reflexionar no solamente acerca del nivel de respeto de que gozan estos derechos en el seno de nuestra sociedad, sino también para debatir sobre el mayor o menor acierto de las políticas educativas e institucionales que desde hace años venimos poniendo en práctica para intentar asegurar la efectiva vigencia de los derechos fundamentales de las personas.

Los mismos hechos son también una buena oportunidad para hablar muy seriamente sobre la noción de responsabilidad y sobre su aplicación a un caso concreto de violación grave de derechos.

El gobierno de Salta, qué duda cabe, ha estado sometido a una durísima prueba, pero, a mi modo de ver, ha respondido de una forma decepcionante, impropia de un gobierno políticamente maduro y jurídicamente solvente.

Si bien los funcionarios de Urtubey han intentado poner por delante de cualquier otra consideración la voluntad política del gobierno de impulsar la investigación y procurar el castigo de los responsables más primarios (los ejecutores materiales), esta actitud, por si sola, no resulta suficiente para asumir en plenitud las responsabilidades que caben al gobierno por lo que se adivina ya como una falta evidente de protección y garantía de los Derechos Humanos, a causa de la acción u omisión de sus agentes.

Apremiado por la gravedad de los hechos y abrumado por el peso de la evidencia, al gobierno de Urtubey no le ha quedado otra salida que la de denunciar inmediatamente las torturas ante la justicia. De no haberlo hecho así lo habrían hecho los fiscales (con el coste político que ello supone), y es razonable pensar que, en tal supuesto, la responsabilidad directa del Estado por la violación a los Derechos Humanos se hubiera visto ampliada por la omisión del gobierno de su obligación de denunciar y de impulsar el juzgamiento de aquellas conductas.

Aciertos y errores

El gobierno de Salta ha hecho bien en repudiar públicamente los hechos, aunque esta inevitable condena haya sido pronunciada casi por los mismos motivos que lo impulsaron a denunciar, y aunque en este empeño sus funcionarios hayan sobreactuado de una manera tan inexplicable. Muchas veces, el escandalizarse en exceso frente a determinados hechos que comprometen la responsabilidad política propia mueve a que los ciudadanos se pregunten si la indignación es real o fingida y sospechen que los gestos del gobierno no son realmente sinceros.

Durante el pico de la crisis se ha echado en falta una actitud más serena y reflexiva por parte de los funcionarios responsables, incluido el propio Gobernador de la Provincia. Porque los damnificados, sus familias, el juez de la causa y los ciudadanos en general esperaban de aquéllos un discurso menos cargado de adjetivos, más centrado en la descripción de los hechos y, sobre todo, un argumento que diera pistas sobre los fallos de gestión o de control que pudieran haber propiciado una situación semejante.

Es hasta cierto punto razonable que un gobierno, que afirma contar con el respaldo de un 54 por cien del electorado y un 75 por cien de las fuerzas parlamentarias, no haga el más mínimo intento de asumir responsabilidades políticas en forma de dimisiones o de destituciones fulminantes, pero absolutamente irrazonable que pretenda, con actitudes ambiguas y distorsivas de la realidad, que unos hechos tan graves no desencadenen responsabilidad política alguna.

Es irrazonable, además de antidemocrático (cualquiera sea su calificación jurídica), que el mismo Estado que agrede y conculca los derechos fundamentales pretenda luego sujetar la actividad jurisdiccional encaminada a la averiguación de la verdad y el castigo de los responsables asumiendo una posición procesal acusadora, que resulta moralmente incompatible con la grave responsabilidad que genera la omisión de sus deberes de protección y garantía de los Derechos Humanos.

Si el gobierno de Urtubey es tan democrático y popular como afirma ser, debería mostrarse en todo momento dispuesto a cargar con las consecuencias de las torturas, y a hacerlo sin histeria, sin victimismo y sin dobleces; esto es, sin pretender sacar provecho político de una situación que avergüenza a nuestras instituciones y que, en la misma medida, debiera avergonzar también a los funcionarios del gobierno.

Una vez más, el Gobernador de la Provincia ha pagado un alto precio por el amateurismo de sus funcionarios; otra vez, las necesidades de apuntalamiento de la imagen del mandatario como "presidenciable" han sido colocadas por encima de los intereses de los ciudadanos y de los objetivos y misiones del Estado.

Finalmente, hay que tener presente que la colaboración del gobierno con el juez que investiga los hechos nace de una obligación legal y no de un arrebato de decencia de los funcionarios o de una concesión graciosa del Gobernador. Que el cumplimiento de esta obligación conlleva la disposición a asumir en plenitud las responsabilidades (jurídicas, políticas y morales) que nacen de un atropello a los derechos de esta magnitud, y que tal disposición resulta cuando menos incompatible con los gestos que, de manera inequívoca, sugieren que al gobierno de Salta le interesa más salir indemne del asunto que proteger adecuadamente los Derechos Humanos.

En breve resumen, que al intentar manipular de modo artificioso su posición procesal, trastrocando el rol de acusado por el de acusador, al negar la evidencia del carácter endémico del maltrato a personas detenidas, o al transmitir a la sociedad el peligroso mensaje de que, a pesar de la gravedad de lo sucedido, su desempeño en materia de Derechos Humanos es irreprochable, el gobierno de Salta no hace otra cosa que destruir el sistema de responsabilidad ideado nada menos que para proteger a los ciudadanos, tutelar su dignidad y asegurar la vigencia de sus derechos más fundamentales.