Según Saravia, los directivos de esta empresa se niegan a abonar diferencias salariales adeudadas desde hace ocho años, lo que obligó a la interposición de una demanda judicial que tiene sentencia favorable del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo Nº 6, confirmada por la Cámara de Apelaciones del Trabajo.
Para el concejal radical, la situación de los conductores pone en evidencia la especulación de ciertas empresas. Dice Saravia que las empresas se niegan a pagar los incrementos salariales establecidos en el convenio colectivo alegando su inaplicabilidad por falta de representación suficiente de las empresas transportistas en la suscripción del mencionado convenio, pero que al mismo tiempo, las mismas empresas, consideran al mismo convenio válido para solicitar subsidios nacionales dispuestos sobre la recaudación de impuestos a los hidrocarburos.
Señala el concejal que el Ministerio de Trabajo de la Nación también se ha expedido a favor de los empleados.
Saravia recuerda que el 10% del paquete accionario de SAETA es de la Municipalidad de la ciudad de Salta y que como concejal debe velar porque la empresa cumpla con las normas laborales vigentes a fin de que no se efecte la normal prestación del servicio de transporte público.
Recuerda también que el artículo 4° de la ley provincial 7.322 le impone a la AMT la verificación del cumplimiento del convenio colectivo, como también se ha encomendado al directorio de SAETA la vigencia del mismo en su artículo 12. Ante estas obligaciones que aparecen como desconocidas por los responsables de la AMT y SAETA funcionarios ha hecho reserva de interponer una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
"Estamos empeñados en mejorar el funcionamiento de una empresa estatal como SAETA, S.A. que hasta ahora ha puesto en evidencia irregularidades graves. No es posible que se permita a los empresarios a cargo de los corredores obtener subsidios invocando una normativa cuya validez se niega al momento de pagar los sueldos. Está claro que la mala administración la pagan los vecinos cuando les incrementan el precio del boleto y, en este caso, los choferes que son burlados en sus derechos" expresó el concejal.
