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Esta tarde, a partir de las seis y media de la tarde, los gremios que representan a los empleados públicos de la Provincia se concentrarán frente al Palacio de la Legislatura para expresar su rechazo al Proyecto de Ley de Disciplina y Transparencia Fiscal que envío a la Cámara de Diputados el gobernador Juan Carlos Romero, doce horas después de finalizadas las elecciones del pasado 28 de octubre. “Este es un ajuste póstumo del gobierno que se va”, define Claudio del Plá, diputado provincial y líder del Partido Obrero.
 | | Claudio del Plá, diputado provincial del Partido Obrero | |
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Pasado mañana jueves, a las seis de la tarde, se reunirá la Asamblea General de Estatales en el Salón de Judiciales, calle 25 de Mayo Nº 573. La asamblea evaluará la concentración de esta tarde y decidirá acciones a seguir frente al Proyecto de Ley de derogación de la Emergencia Económica. “Los gremios decimos que tenemos que estar alerta para no recibir sorpresas”, dice la licenciada Liliana de Carracedo, Secretaria General de la Asociación de Profesionales de la Salud de Salta (APSADES)
Hasta los propios diputados oficialistas y el presidente de la Cámara de Diputados criticaron el proyecto y cuestionaron la oportunidad de su envío a la Legislatura. El texto firmado por Romero y elaborado por el ministro de Hacienda y ex candidato a vicegobernador Javier David, tiene un extenso título: “Proyecto de Ley de Disciplina y Transparencia Fiscal y Derogación de la Ley de Reforma Administrativa del Estado y Emergencia Económica. El texto tiene 70 artículos, repartidos en 2 títulos y 8 capítulos. El primer título deroga la llamada Ley de Emergencia Económica y normas vigentes desde el mes de marzo del año 1990. El segundo incluye disposiciones transitorias varias.
La medida es criticada tanto por el modo en que fue elaborada, por su forma, su fondo y también por su oportunidad. “Sólo un gobierno de facto como el de Bignone, el último de la dictadura del proceso, intentó imponer una ley inconsulta de auto amnistía. Llama la atención que Romero, que utilizó a fondo la Ley de Emergencia Económica para congelar salarios y ascensos de los empleados públicos, recién ahora se acuerde de derogarla, cuando falta menos de un mes para que se vaya”, dicen los sindicalistas.
La iniciativa establece que en los presupuestos con que se rija el nuevo gobierno los gastos en personal no podrán superar el 50%, y que en caso de que se alcanzara el 95% de ese límite, el gobernador tendría prohibido realizar aumentos salariales o adecuaciones de remuneraciones, crear cargos o funciones, modificar estructuras cuando implique mayor gasto, o efectuar contratos de locación de servicios u obras.
El Pacto de Varsovia
El compromiso del presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, de no tratar la iniciativa hasta tanto asuman los nuevos legisladores, no conformó al dirigente de ATE, quien consideró que "la única garantía (de que no se trate el proyecto) es tener a los trabajadores movilizados y en la calle", explica el secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Vicente Marti. "Si se rompió el Pacto de Varsovia ¿cómo no se va a poder romper este pacto?", confió Martí.
Explicó que los trabajadores estatales no iban a seguir aceptando esos "atropellos" y que tienen el derecho de formar parte de la discusión sobre el modelo de gobierno que se debe implementar. Consultado sobre el artículo que dispone que el cambio de gobierno generara la baja automática de todos los contratos, Marti evaluó que se debe hacer un análisis exhaustivo de aquellos que estén en una situación irregular en el Estado. "No creemos que sean todos ñoquis (contratados que cobran sin cumplir tareas). No hay derecho a producir este estado de inestabilidad permanente".
‘Ajuste póstumo’
"El Proyecto final de Romero presentado en nombre de salir de la emergencia económica, imponer la disciplina fiscal y la transparencia del manejo del estado, no es otra cosa que la voz de mando que guía la conducta de todos los gobiernos del país y de los capitalistas en general: poner un techo a los salarios y colocar como variable de ajuste el gasto social ,justo cuando el superávit del estado y las ganancias capitalistas están por las nubes”, sostuvo el diputado provincial Claudio del Plá (Partido Obrero)
Para Del Plá, “la Ley Romero consagra la inestabilidad del empleo público y además se propone formar un fondo de estabilización reteniendo una parte sustancial del superávit que debiera estar destinado a atender las demandas del 40% de la población que en Salta esta aún por debajo de la línea de pobreza”.
Del Plá, opinó que “el anunciado Pacto Social que se propone establecer Cristina K, está en línea con la Ley Romero, porque tiene la función de colocar techo a los salarios al tiempo que se esta anunciando, como anticipó nuestro partido en la campaña electoral, una serie de tarifazos en los servicios públicos que destruirá aun mas el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. Contra estas políticas de ajustes antipopulares el Partido Obrero propondrá el pago de un doble aguinaldo y el establecimiento de un salario igual al costo de la canasta familiar”.
Votos de docentes
Horas después de la confirmación el triunfo de Urtubey, aparecieron en la Ciudad de Salta pegatinas firmadas por los docentes de Salta, con una pregunta: “Wayar ¿Te faltaron votos? Son los nuestros. Abajo, se lee: “Urtubey: los votos no son cheques en blanco. Docentes de Salta”.
El dirigente de la Asamblea Provincial Docente Víctor Gamboa, reconoció que los afiches fueron redactados, impresos y colocados por trabajadores de la educación que integran esa Asamblea. “De esta forma intentamos recordar las represiones y atropellos que sufrimos los docentes durante el gobierno de Romero. Gamboa dice que el cambio propuesto por la docencia fue entendido por la ciudadanía y ampliado hacia todos los ámbitos de la vida social. Este cambio se expresó, en parte, en las elecciones del 28 de octubre. “Los únicos que podemos garantizar que el cambio se concrete somos todos los trabajadores. Nuestra confianza perdurará hasta tanto veamos que los discursos electorales se convierten en realidad”.
Aludiendo a la promesa de Urtubey de inaugurar las clases cuando los edificios escolares estén en buen estado, opinó que “las clases no deben comenzar, no sólo debido a la emergencia edilicia. También, si no hay respuesta a nuestro reclamo salarial. Un sistema educativo no es únicamente cantidad: también es calidad de aprendizaje”.
‘Nos perjudica a todos’
Este último fin de semana tomamos conocimiento de que un Proyecto de Ley denominado «Ley de disciplina y transparencia fiscal y derogación de la Ley de reforma administrativa del Estado y Emergencia Económica» firmado por el Gobernador de la Provincia había ingresado el 30 de octubre a la mesa de entradas de la Cámara de Diputados.
Liliana Carracedo explica que, con el texto de ese Proyecto de Ley “en la mano y viendo los artículos 22, 23 y 24 advertimos que ellos implicarían, en los hechos, que alrededor de 7.000 empleados estatales quedarían sin su fuente de trabajo”. El proyecto de Ley incluye a todos los sectores de la administración pública, Poder Judicial, Legislativos, Ejecutivo y hasta municipalidades.
Carracedo dice que, de inmediato, se realizó una reunión urgente con otros gremios de estatales: ATE, Judiciales, Legislativos, UPES, y con las Asociaciones de los Hospitales de Niño y San Bernardo. En un comunicado suscripto por los representantes gremiales expresan:
“Ante este nuevo intento de despedir empleados estatales (imposible no recordar los 5000 despedidos en 1996) y buscando que la historia no se repita, decidimos:
1) El estado de alerta y movilización de todos los trabajadores estatales y,
2) Convocar a concentrarnos el martes 6 de noviembre a las 18:30 frente a la Legislatura, ya que ese día sesionaban los diputados.
Se labró un Acta de esa reunión pero pese al compromiso de que el proyecto no sería tratado hasta que asuma el nuevo gobierno mantuvimos la convocatoria de la tarde ya que creemos que, una vez más, debemos organizarnos, informarnos y prepararnos para resistir primero a los despidos y después a la finalización definitiva de toda forma de trabajo precario en la administración pública.
Dice Carracedo que el sector de la salud tiene gran cantidad de personal con designaciones temporarias y contratos de todo tipo, es por esto que se deben realizar Asambleas para mantenerse informados.
“Pensar que individualmente nos vamos a «salvar» es un error, pensar que este proyecto de Ley «no va a prosperar» sin que nosotros hagamos algo para que así suceda, es otro error y pensar que «si nos quedamos callados no nos va a pasar nada» es otro error.
Sabemos por experiencia que cuando bajamos el nivel de alerta, es cuando recibimos las peores sorpresas. La angustia que esto nos pueda provocar debemos transformarla en resistencia, sea cual sea el futuro gobierno debe entender que los estatales no estamos dispuestos a seguir siendo variable de ajuste. No somos material descartable.
Los delegados y referentes de nuestro gremio serán informados de todas las novedades, para facilitar esto les pedimos que se comuniquen permanentemente con nuestra sede.
Artículos del Proyecto de Ley
ARTÍCULO 22: El gasto en personal del presupuesto consolidado de la administración provincial no podrá exceder el cincuenta por ciento (50%) de los recursos corrientes del ejercicio.
Si el gasto en personal alcanzará el noventa y cinco por ciento (95%) del límite establecido precedentemente queda expresamente prohibido:
• Todo aumento salarial, adecuación de la remuneración, creación de cargos, empleo o función.
• Toda modificación de estructuras que impliquen mayor gasto.
• La admisión de contratos de locación de servicios y de locación de obras.
ARTÍCULO 23: Solo podrán producirse nuevas incorporaciones a las plantas de personal cuando se cuente con las respectivas vacantes, y si la unidad de organización o curso de acción de que se trate dispone de partidas presupuestarias suficientes hasta el fin del ejercicio o del período de la designación, para hacer frente a la erogación.
Déjese establecido que la cobertura de cargos de planta permanente no implica la estabilidad o permanencia del agente, sino que tal estabilidad o permanencia está dada por el tipo de designación, el procedimiento utilizado y el marco normativo habilitante.
Establécese el régimen de concurso como procedimiento para la incorporación de agentes en planta permanente de los entes y organismos establecidos en el artículo 3º de la presente, conforme a la reglamentación que disponga cada uno de los mismos.
ARTÍCULO 24: Al final de cada mandato del Gobernador quedan extinguidas de pleno derecho todas las designaciones sin estabilidad, ya sean estas transitorias o temporales, como así también los contratos personales de prestación de servicios.
Establécese que los agentes designados en cargos políticos cesan en sus funciones de pleno derecho y sin necesidad de acto de ninguna naturaleza con el cese del funcionario que promovió su designación". |
; "Claudio del Plá, diputado provincial del Partido Obrero")
