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Las vicisitudes políticas de Salta han alumbrado una nueva clase: la de los gestores públicos. Hoy parece imposible gobernar sin ellos. Los últimos acontecimientos parecen así demostrarlo.
 | | La casta de los gestores públicos | |
| Al contrario de lo que sucede en otras latitudes, donde la clase burocrática realiza extraordinarias contribuciones a la democracia, en Salta esta casta no forma parte de la Administración del Estado de forma estable; no accede a los cargos a través de un sistema organizado en torno a los principios de igualdad, mérito y capacidad, no sigue una "carrera administrativa" en sentido estricto, ni está sometida estatutariamente a las leyes, ni jerárquicamente al poder político.
En Salta los gestores públicos no son "burócratas" sino que son "políticos", en el sentido más vulgar de esta expresión.
Para precisar aún mejor la idea, son "políticos sin ideología", sin valores y con una movilidad interpartidaria casi ilimitada. Son discretos, limpios, disciplinados, saben "tapar agujeros" y son hábiles con los números y las leyes sin conocer, apenas, de Economía o de Derecho Público.
Su "carrera" no es la administración sino la "política dentro del Estado", porque aunque la administración les proporcionaría estabilidad laboral, la política, en cambio, les asegura mayor influencia en los procesos del Estado, una esfera más amplia de discrecionalidad, mayor consideración social y mejores sueldos.
Como cualquier profesional que se precie, el "gestor público" no puede discontinuar su carrera por la nimiedad de un cambio de gobierno. La formación de estos profesionales y su entrenamiento continuo, a menudo caros y sacrificados, requieren de un ejercicio ininterrumpido de la profesión, es decir, de un contacto permanente con el Estado y sus asuntos. Por esta razón, a la mayoría de ellos les da igual quién gobierne y cuál sea su proyecto para la sociedad. Ellos "deben" seguir trabajando para el gobierno que toque porque sus habilidades y destrezas carecen de "mercado" y sus talentos no son mayormente demandados por el sector privado.
Lo "suyo" no es hacer oposición porque desconocen los secretos de esta actividad democrática; su rol no es ganar elecciones. Y cuando lo intentan -como un joven exministro del gobierno anterior- se exponen al mayor de los ridículos.
Pero ¿Favorece a la democracia la extensión de la casta de los gestores públicos? En principio, si estos profesionales tuviesen la humildad que se precisa para desempeñarse en tramos subalternos de la administración y si democráticamente se sometieran a las pruebas objetivas que acrediten su idoneidad, realizarían una gran contribución a la profesionalización de las estructuras administrativas de la Provincia. Porque no hace falta ser un sociólogo experto para darse cuenta que nuestra "administración permanente" es un mosaico de nivel social y político inferior, en el que junto al oficinista probo y eficiente coexisten punteros políticos, chicas que alguna vez estuvieron cerca del poder y algunas personas que lo tendrían francamente difícil para encontrar trabajo en otro sitio.
La conversión en políticos de los gestores públicos impacta negativamente sobre el sistema democrático porque la propia inercia profesional -para no hablar de los apetitos personales- les fuerza a planificar sus carreras a largo plazo. Y ya se sabe que cuánto más tiempo el burócrata de la gestión ejerce el "poder político" perfecciona mejor sus habilidades y se "hace dueño" del puesto que ocupa. Y si bien en el corto plazo este recurso representa un alivio para los gobiernos, a largo plazo conduce a bloquear la periodicidad de los cargos públicos y a desdibujar la alternancia en el poder de las diferentes fuerzas políticas.
La opción constitucional de una república basada en la igualdad de sus ciudadanos, que constituye el pilar de nuestra forma del Estado, cierra el paso a la posibilidad de que la dirección de los asuntos públicos sea confiada a una superclase de ciudadanos. Son los ciudadanos comunes, con sus virtudes y sus defectos, los llamados a conducir el Estado, de una forma limitada en el tiempo, que asegure que no sean siempre los mismos, ni las mismas ideas, las que lo hacen.
Los gobiernos democráticos y republicanos tienen "derecho a equivocarse" y casi el deber de hacerlo, sobre todo cuando la posibilidad de acertar está vinculada a la negación de la igualdad ciudadana frente la gestión de los asuntos públicos. Es mil veces preferible un gobierno titubeante pero plural y limitado, que uno "eficiente" formado por una casta burocrática eternizada en el poder.
Lo verdaderamente lamentable es que, en nuestro medio, no sólo las carreras de los gestores públicos son vitalicias, sino que la vigencia de nuestros políticos es virtualmente ilimitada. El propio gobernador de Salta, que aún no ha cumplido los cuarenta años, es ya un veterano con más de dos décadas de presencia en la vida política local y todo indica que su carácter "fanáticamente político" lo llevará a perpetuarse en esta actividad, más allá incluso de la jubilación.
La inusual longevidad política salteña -que empobrece a la democracia, pero mucho más a los propios políticos, como personas- se explica por la decreciente inclinación de las elites al servicio público, como ocurre en algunos países avanzados. Cuando ello sucede, automáticamente se producen los dos fenómenos que intentamos describir en este artículo: el ascenso social y político de cierta burocracia especializada, sin valores morales, y la injustificada extensión temporal de las carreras políticas de los líderes vigentes. |