La libertad de expresión en Salta

Por Iruya.com - Publicado a las 12:38 | lunes 14-07-2008 (leído 282 veces)

El Ministerio de Gobierno de la Provincia ha convocado, para el próximo viernes 18, a una suerte de encuentro donde asesores oficiales y periodistas invitados analizarán la situación de los medios de comunicación en el país y en Salta, las funciones del llamado “Observatorio de Medios”, la “credibilidad de la prensa”, y los cambios que se esperan en la antigua Ley de Radiodifusión.

Nuestro sitio no puede menos que elogiar la iniciativa del Gobierno local, sobre todo por entender que se trata de un asunto crucial en una Provincia como la nuestra en donde la libertad de expresión ha estado severamente condicionada por el régimen anterior y registra periódicas amenazas a medios y a periodistas por parte de funcionarios intolerantes que, sin asumir los cambios que demanda nuestra sociedad, prefieren mantener las rutinas a las que los acostumbró el anterior primer mandatario provincial.

Sin embargo, desde una óptica centrada en el pluralismo como valor superior de toda democracia republicana, la convocatoria merece algunos reparos.

En primer lugar, en rápido repaso de la agenda que propone el Ministerio de Gobierno permite advertir la subyacente intención de divulgar y, si tercia, legitimar, la línea que con mano de hierro llevan adelante los dos últimos Presidentes de la Nación. Comenzando por aquella iniciativa dirigista y en extremo cuestionable que prevé la creación de un “Observatorio de Medios” siguiendo los impulsos de ciertos intelectuales adheridos a la actual mayoría gobernante.

Se trata, como es de todos conocidos, de un proyecto que ha sido objetado y rechazado por personalidades y actores sinceramente comprometidos con la libertad de prensa, por su parentesco con ideas antidemocráticas y por su potencial intervencionista, de extrema peligrosidad en manos de gobernantes con vocación hegemónica y sectaria.

Debemos decir, a continuación, que está muy bien que los periodistas y los funcionarios del gobierno reflexionen sobre la “credibilidad de la prensa”. Pero estaría aún mejor que los funcionarios hicieran un alto en el camino para pensar en su propia credibilidad.

Nos se nos oculta que, como ha quedado dicho, la convocatoria del ministro Marocco marca un claro contraste con sus predecesores en el Grand Bourg, hipotecados por la fusión de intereses y la confusión de roles entre el Gran Poder de Las Costas y el Gran Poder de Limache.

Es cierto también que todo hace pensar que el actual Gobierno del señor Urtubey ha cancelado las listas negras, rosas y amarillas que afearon la democracia salteña durante el largo período donde el poder residió en una misma familia.

Pero es igual y lamentablemente cierto que no se han dado los pasos que la opinión pública reclama para otorgar transparencia al manejo de los fondos públicos destinados a la publicidad oficial, pese a la existencia de promesas o declaraciones favorables a transponer a Salta la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o, en lo que quepa, el precedente legislativo de Tierra del Fuego.

Un párrafo aparte merece la ligereza con que los entes encargados de controlar y auditar la gestión de gobierno han abordado las cuentas del régimen anterior en materia de publicidad oficial. Las inercias que aún dirigen la conducta de los entes a los que la Constitución Provincial encarga el control de la gestión pública, es otra mancha que el señor Urtubey debería apresurarse en eliminar.

Si el actual Gobierno estuviera trabajando en amas direcciones (regulación legal y control del gasto), bien haría en decirlo con todas las letras e incluirlo, por ejemplo, en el orden del día del próximo viernes 18 de julio.

Mientras tanto, las únicas señales concretas a favor de la libertad de expresión y en contra de la censura indirecta proviene de personalidades independientes y de la Asociación de Periodistas de Salta (APES).

En este último caso, nuestro aplauso es incondicionado a la hora de valorar el encuentro auspiciado por APES y que se desarrolló el pasado 3 de julio con el apoyo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

Cuando el señor Urtubey se decida a elevar la calidad institucional de Salta, atendiendo a las enormes expectativas que generó durante su campaña y que le valieron el voto de los sectores mas sensibles a los valores republicanos, lo tiene muy fácil: Bastará con que envíe a la Legislatura local un Proyecto de Ley que siga los “Principios básicos para la regulación de la publicidad oficial” sugeridos por la ADC.