Religión
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La Subsecretaría de Control Comercial de la Municipalidad de Salta, a través de su resolución Nº 2/2014, de 27 de agosto, ha resuelto imponer, otro año más, la prohibición urbi et orbi de realizar espectáculos públicos de cualquier género en la Plaza 9 de Julio y la Plazoleta IV Siglos de Salta; la de efectuar de bailes y espectáculos en confiterías, café concerts, pubs y afines a cuatro manzanas a la redonda, y la realizar espectáculos públicos «eventuales» de cualquier género en todo el término municipal de la ciudad de Salta, entre los días 6 y 15 de septiembre de 2014.

En 2011, quien impuso a toda la población (sin distinción de credos) una prohibición semejante fue la actual senadora nacional Cristina Fiore Viñuales, quien por entonces era funcionaria municipal.

Los argumentos de 2014 son similares a ya los utilizados por Fiore en 2011: «preservar el clima de oración» y asegurar el «normal desarrollo de la Fiesta del Milagro».

En 2011, con motivo de tan curiosa y tajante prohibición, nuestro sitio publicó el artículo crítico que reproducimos a continuación.

El Milagro de Salta: Tiempo de penitencia impuesto por el Estado

La polémica desatada en torno a la decisión municipal que prohibió al Teatro Provincial de Salta -que depende del gobierno- realizar funciones durante los cultos al Señor y a la Virgen del Milagro ha sido interpretada por algunos sectores como una declaración de toque de queda religioso, contrario a las libertades fundamentales.

La solemnidad del culto y los profundos significados del tiempo del Milagro en Salta, que escapan sobradamente a su trascendencia religiosa, hacen en realidad innecesario y desaconsejable que aquella solemnidad o sus significados sean impuestos por la autoridad del Estado.

Pero lo que más llama la atención de la irrazonable prohibición dictada por la secretaria Cristina Fiore es que la autoridad municipal que impone por decreto el "tiempo de penitencia", tanto a creyentes como a no creyentes, es la misma que periódicamente autoriza a las murgas y comparsas a desfilar alrededor de la Plaza 9 de Julio mientras en la iglesia catedral los sacerdotes se celebran misas y hasta funerales.

Si la secretaria Fiore fuese coherente, más allá de lo que mandan las ordenanzas municipales, cada vez que autoriza a las comparsas de indios y caporales a desfilar para solaz de los turistas, debería prohibir a la iglesia católica, y al deán de la catedral, realizar actos y manifestaciones que rompan con el "tiempo de jolgorio" igualmente impuesto por decreto.

Es evidente que si la señora Fiore tiene competencias y autoridad legítima para clausurar el mismísimo Teatro Provincial, en caso de que éste decidiera romper con la solemnidad del Milagro, debería tener el mismo poder para atravesar fajas de clausura en los sacros pórticos de la catedral, cada vez que a los sacerdotes se les ocurra celebrar misa cuando el Estado ha declarado y autorizado "tiempo de jolgorio" en los corsos de invierno.

La secretaria Fiore pierde de vista quizá que hay determinados estados de ánimo, como la penitencia, que no se pueden imponer por decreto municipal. No por decretar el toque de queda a cuatro cuadras a la redonda de la Plaza 9 de Julio la Municipalidad se va a asegurar que las almas de los salteños, transeúntes, residentes y peregrinos, entren en un intenso trance de dolor y arrepentimiento con propósito de enmienda.

Esta forma de entender el papel del Estado frente a la religión conducirá más pronto que tarde a las autoridades municipales a imponer un lock-out de carnicerías durante los viernes de cuaresma y el viernes Santo, para asegurar que a ningún hereje se le ocurra consumir falda de costilla durante el mandato de ayuno y abstinencia.

Estas manifestaciones religiosas, lo mismo que la penitencia, el recogimiento y la oración, son materia reservada a la libertad individual, primero, y sujeta después a la eficacia espiritual de la iglesia que espera que sus fieles experimenten tales emociones, de forma espontánea y no por imposición de la autoridad civil.

Por tanto, la primera institución que debería oponerse al invasivo decreto municipal es la Iglesia Católica, pues la imposición estatal deja al desnudo que su poder sobre la conciencia de los fieles va en progresivo descenso.

Milagro y turismo

La disposición municipal no solo es conculcatoria de los derechos y libertades individuales y poco respetuosa con las manifestaciones de la cultura, sino que es un golpe al turismo.

Es una medida que ignora que durante el tiempo del Milagro la ciudad de Salta es visitada por miles de turistas que no solo buscan lugares para expiar sus penas y limpiar sus conciencias de malas acciones, sino también lugares de diversión y esparcimiento.

Por tanto, expulsar a los turistas de la Plaza es, cuando menos, una medida imprudente. Y no digamos ya expulsar a los que quieren divertirse sin faltar por ello el respeto al culto religioso. Tal actitud supone limitar de forma irrazonable el uso del espacio público, que por definición es de todos, y atentar contra el derecho de propiedad, en caso de los espacios privados.

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