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La reacción oficial del gobierno

En una comunicación oscura y demagógica, el gobierno de Urtubey dice que 'pondrá a disposición' recursos para cubrir las necesidades básicas de los familiares de la joven fallecida, y que sus funcionarios 'acompañarán' a los familiares a fin de realizar los trámites de sepelio.
Marcelo López Arias, Ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de Salta
Marcelo López Arias, Ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de Salta

Según informa hoy la comunicación pública del gobierno provincial de Salta, el gobernador Juan Manuel Urtubey ha reunido hoy a su «gabinete institucional», del que forman parte -al parecer- solo dos de sus ministros.


La noticia es significativa, no tanto por la escasa presencia ministerial, sino por la implícita revelación de que Urtubey preside también un «gabinete no institucional» que estaría integrado por aquellos colaboradores directos suyos que no forman parte del sector «institucional» de su gobierno.

Entre las noticias más esperadas se cuenta la reacción oficial del gobierno y del nuevo ministro de Derechos Humanos, Marcelo López Arias, al asesinato de la joven Amira Albana Vázquez, ultimada a golpes hace pocos días en la localidad de Campo Quijano.

Pues bien, como se esperaba, la reacción oficial sigue en la misma inhumana línea de medidas sacralizadas por la anterior ministra -Pamela Calletti- con una interesante variante: ahora el gobierno, además de proporcionarle a los deudos de la víctima un bolsón de alimentos, pagará su entierro.

Al menos es esto lo que se desprende de la comunicación oficial, que habla de que, además de «poner a disposición recursos para cubrir las necesidades básicas» de los familiares de la joven fallecida, el gobierno «acompañará a los familiares a fin de realizar los trámites de sepelio».

La calculada ambigüedad del lenguaje, no permite saber a ciencia cierta si el gobierno entregará o no efectivamente alimentos o ropa a la familia de la joven Vázquez, o si simplemente se contentará con «ponerlos a disposición», lo cual no deja de ser un gesto conmovedor, excepto por el hecho de que entre las «necesidades básicas» de la familia se cuenta la de que la chica estuviera viva.

Tampoco se sabe si el gobierno pagará el entierro o si simplemente mandará a un ordenanza a que ayude a los deudos a rellenar los formularios de la funeraria. Sería interesante que, al menos en este caso, los gastos que demanden el funeral y el entierro sean sufragados por la caja chica del señor López Arias, que bien podría estar pensando ya en crear una «Secretaría de Acompañamiento», ya que es lo único que su ministerio sabe hacer en casos tan dramáticos como este.

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