Derechos Humanos
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Filosofía al más alto nivel

El ministro más poderoso del gabinete de Urtubey solemniza lo obvio. En este caso, el carácter irreparable de la muerte.
Marcelo López Arias, Ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de Salta
Marcelo López Arias, Ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de Salta

Según la particular cosmovisión del Ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia del gobierno provincial de Salta, señor Marcelo López Arias, las muertes de las personas se clasifican en dos grandes grupos: las reparables (o reversibles) y las irreparables (o no reversibles).


En el segundo conjunto está incluida la muerte del joven Nehemías Nahuel Salvatierra salvajemente ultimado de un tiro en la nuca por un policía a sueldo del gobierno provincial.

Estas filosóficas apreciaciones del ministro salteño fueron efectuadas tras la consabida reunión de «acompañamiento» con la que los funcionarios del gobierno han intentado consolar a la familia del joven asesinado, sin asumir, como era previsible, un milímetro de su responsabilidad.

A la reunión han asistido -además de López Arias- el padre del joven, sus hermanos, y el Secretario de Seguridad del gobierno, señor Jorge Ovejero. Según la información oficial, los funcionarios presentes han detallado al señor Mamerto Salvatierra y a los hermanos del fallecido «las decisiones tomadas por el Ejecutivo desde que sucedió el hecho que involucra a dos efectivos de la Policía de Salta, hoy detenidos».

Pero da la casualidad que ni el señor López Arias y ni el señor Ovejero son «el Ejecutivo», pues según la Constitución que nos rige, el único que ostenta y ejerce este poder, y lo hace en forma exclusiva, es el Gobernador de la Provincia, Juan Manuel Urtubey, quien otra vez se ha lavado las manos diciendo que «él no juzga» y que el asunto lo deben resolver los jueces.

Quizá es a este olímpico recorte torero al que se refiere el señor López Arias con su pleonasmo de «muerte irreparable».

El caso es que ninguno de los funcionarios presentes en la reunión atinó a explicarle a los Salvatierra (a los que quedan vivos) que no hay ninguna norma de Derecho que impida al Gobernador juzgar los hechos. Lo que la Constitución le prohíbe es imponer penas o castigos, pero de ningún modo emitir juicios (sean políticos o de sentido común) sobre hechos que no solo le afectan como Gobernador de la Provincia y comprometen gravemente su responsabilidad sino que, en condiciones normales, deberían tocar su sensibilidad humana.

El que el Gobernador se haya abstenido de calificar la conducta del policía que disparó y no haya lamentado oficialmente la muerte del joven Salvatierra es probablemente la causa de que esa muerte sea hoy del todo «irreparable», pero en el sentido metafísico, no desde el punto de vista de la responsabilidad civil.

El silencio de Urtubey no deja de ser llamativo y chocante, sobre todo si uno recuerda que cuando aparecieron los cadáveres de Luján Peñalva y Yanina Nüesch, a menos de veinticuatro horas del hallazgo, calificó el hecho como «suicidio», en un arrebato de irresponsabilidad que los salteños todavía recuerdan con pavor.

Desde Calletti nada ha cambiado

Si alguien esperaba que López Arias tomara el toro por los cuernos y entrara a fondo en las responsabilidades que indudablemente le caben al gobierno por un hecho tan bárbaro, ese alguien se equivocó por completo.

El hecho de publicar en las noticias oficiales que «la familia Salvatierra tiene contención de la Secretaría de Derechos Humanos a través del programa Asistir con acompañamiento legal y psicológico» es una auténtica vergüenza, pues la mentada «contención» carece de cualquier efecto práctico desde el momento en que el que manda en el cotorro (el gobernador Urtubey) se ha desentendido del asunto, con argumentos dignos de Rasputín o de un personaje malvado semejante.

Pero lo que es realmente preocupante es que el gobierno haya ofrecido sus abogados a la familia del fallecido, ya que en tal caso se produciría un inevitable conflicto de intereses. Es como si el violador quisiera imponerle su abogado a la víctima. Los Salvatierra tienen que hacer valer sus derechos contra el propio Estado (el último responsable de la tragedia) y es de todo punto de vista ilógico que sean los abogados de ese mismo Estado (los que, por ley, deben velar por los intereses estatales) los que aconsejen legalmente a las víctimas. En este y en otros casos similares, las víctimas deberían poder ser libres de contratar al abogado que quisieran, sin esperar a que el gobierno les proporcione uno.

De prosperar este asesoramiento, ya pueden los Salvatierra esperar que Urtubey mande a su fiscal de Estado (o que llame a los jueces de la Corte) para que le reduzcan la indemnización a la familia, como lo hizo -también vergonzosamente- en el caso de la joven Vanina Yapura Alderete, que solo pudo cobrar porque su caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Con todo, es de agradecer que el joven asesinado no haya dejado un lactante huérfano, porque esta es la hora que López Arias y su beatífico programa de «acompañamiento» ya le habría ofrecido a los desconcertados deudos un fardo de pañales descartables y unas cuantas latas abolladas de leche Nido.

Cuando el ministro habla de «esclarecer detalles, responsabilidades y decidir las sanciones que hagan falta» deja bastante claro que no hay nadie del gobierno que vaya a pagar los platos rotos. Solo los policías, los que accionaron el gatillo. Exactamente lo mismo, o peor, que lo que sucedió con el asesinato de Andrea Neri, por el cual pagaron unos agentes penitenciarios del tramo inferior de la escala, pero ningún funcionario del gobierno. La diferencia entre ambos casos es que en el caso del joven Salvatierra no fue un preso peligroso el autor de su muerte sino un policía que debió proteger su vida y no acabar con ella.

Los funcionarios que deberían haber evitado que eso ocurriera y sin embargo no lo hicieron, seguirán circulando por la calle con el mentón erguido, como suelen hacerlo habitualmente, y apareciendo sonrientes en entrevistas de El Tribuno, cosa que sucede puntualmente cuando alguien con responsabilidad en el gobierno se encuentra en serios apuros. Pasó antes con Cansino, después con Calletti y ahora con Oliver.

Rozando el sarcasmo más absoluto, la información oficial del gobierno dice que López Arias ha asegurado a los Salvatierra que «están dispuestas las vías para que aporten la información que crean pueda ayudar». ¡Pero si los que tienen que aportar información sobre su falta de cuidado son los funcionarios del gobierno!

Sin embargo, las vías para que los Salvatierra se enteren de quiénes son los verdaderos responsables del caos institucional que derivó en la muerte violenta de su hijo no parece que estén muy disponibles que digamos. Esas vías han sido clausuradas por Urtubey primero, luego por López Arias, y de seguir la cosa así, terminarán de ponerle el broche los abogados del «acompañamiento» legal del Ministerio de Derechos Humanos.

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