Derechos Humanos
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Imagen ilustrativa
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Aunque la ministra Pamela Calletti y su equipo de aficionados se empeñe, los internos en las cárceles no mejorarán ni un ápice su situación jurídica y social si en vez de referirse a ellos con los tradicionales nombres de «presos» y «presas» se les llama con el suave eufemismo de «personas en contexto de encierro».

El uso de esta engañosa expresión en una noticia oficial induce a pensar que la «inclusión» de la que el gobierno alardea esconde una profunda discriminación.

La información oficial dice textualmente lo siguiente: «Continúa la inclusión de niños y niñas en el sistema educativo extramuro (sic) y por primera vez, fuera del Servicio Penitenciario, asistirán a un centro de estimulación temprana».

De lo que se trata es de que los niños y niñas que viven (de forma más o menos permanente) en las cárceles con sus madres, en vez de acudir a una escuelita que funciona en la misma cárcel, vayan a otra a la que acuden mayormente niños y niñas cuyas madres no se encuentran presas.

Hablar de un sistema educativo «extramuro» es absolutamente incorrecto. No solo porque la palabra no existe en singular, sino porque «extramuros» es un adverbio que no se aplica al mundo extracarcelario sino que quiere decir -según el DLE- «fuera del recinto de una ciudad o población». Una escuela «extramuros» no es, por tanto, aquella ubicada fuera de los límites de la cárcel, sino fuera de la ciudad.

Tampoco hay, dicho sea de paso, un sistema educativo «en contexto de encierro». De haberlo, sería inconstitucional, por discriminatorio y estigmatizante. En Salta hay un sistema educativo único (el que instituye el artículo 49 de la Constitución provincial), cualquiera sea el lugar en donde funcionen las escuelas y las modalidades de impartición de la enseñanza. Para ello, precisamente, es que hablamos de «sistema».

Para el gobierno, «extramuros» significa Villa Lavalle, un espacio que está a pocas cuadras de la cárcel.

La ministra Pamela Calletti, que es quien ha tomado esta revolucionaria decisión, ha vuelto a meter la pata al decir que el objetivo que persigue la medida es el de «darles las mismas oportunidades que tienen otros niños cuyas mamás no están privadas de libertad».

Recién ahora nos venimos a enterar que los pequeños que asisten al jardín de infantes «intramuros» son alumnitos de segunda, con sus oportunidades recortadas a causa del espacio físico y moral que rodea al establecimiento al que asisten. Podría tranquilamente la ministra haberlo dicho antes.

Luego, la ministra no distingue -quizá no tenga la suficiente lucidez para hacerlo- entre la inclusión social y el fomento de la igualdad de oportunidades. O es lo uno o es lo otro.

En un error similar ha caído su colega, la Ministra de Educación, Analía Berruezo, quien dijo que lo que pretende el gobierno es que «los chicos puedan salir y recibir una educación como la de cualquier otro niño». Es decir, un reconocimiento pleno de que los niños y niñas cuyas madres están privadas de su libertad no son «niños como cualesquiera otros», y la admisión de que la educación que el gobierno imparte dentro de las cárceles es una infraeducación, de calidad más baja.

Cuando una legión de «encierritos» y «encierritas» desembarque en el centro de estimulación temprana de Villa Lavalle, veremos si las maestras y los demás niños los tratan como «iguales», pues así como se les obliga a los pequeños y a sus padres a suscribir una declaración jurada para que manifiesten la religión que profesan, también se les obligará a denunciar su domicilio real. Y cuando los pequeños digan: «Unidad Carcelaria Nº 4 de Villa Las Rosas», la discriminación estará servida.

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