Derechos Humanos
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Imagen ilustrativa
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El gobierno de Urtubey sigue sacándole a la pobreza unas fotos que debería haberle sacado hace nueve años. Ahora es el turno del Ministerio de la Primera Infancia, un aparato administrativo de reciente creación, al que suponíamos dedicado en cuerpo y espíritu al operativo «Refuerzo Estival» y que normalmente concentra recursos en la zona más pobre de la Provincia.

Ante la benignidad del verano, la ausencia de lluvias y catástrofes mayores, los cuantificadores de este ministerio se han quedado con las ganas de salir al campo, razón por la cual la superioridad ha decidido que cumplan su tarea de «relevamiento» en la mismísima ciudad de Salta.

La información oficial sobre esta postergada operación de contabilidad social es todo un aviso a navegantes, pues dice que el gobierno de Salta y la Municipalidad «trabajan en conjunto para generar información integral, actualizada, nominalizada y georeferenciada de los vecinos de la zona este de la ciudad».

Los adjetivos pueden impresionar de entrada, pero se trata de cuestiones muy simples: por integral (1) se entiende una información completa (si te he hado el nombre, por lo menos debo darte el apellido); por actualizada (2) debe entenderse «de hoy» (nadie entendería que se recogiera información antigua e inútil); por nominalizada (3) solo cabe entender que cada registro de la base de datos tendrá una identificación precisa de la persona censada, y por georeferenciada (4) solo se quiere expresar que al ciudadano encuestado se le preguntará: «¿Y usted, dónde vive mi amigo?»

Esta información será recogida -dice el gobierno, en lenguaje más llano- «casa por casa».

Mayor precisión aporta el señor José Martínez, que aunque es responsable de logística, parece estar a cargo de este ambicioso operativo estadístico. Según Martínez, los encuestadores visitan a cada familia para «solicitar información sobre el estado de salud, el nivel de estudio, los ingresos y la situación habitacional», entre otros temas.

El funcionario no ha dicho -o al menos la información oficial no lo recoge- qué ley con rango de tal ampara esta solicitud de información, que incluye datos sensibles que las personas legítimamente podrían negarse a revelar, como el estado de salud o los ingresos, amparados por el derecho fundamental a la intimidad, entre otros.

Pero lo que ha sí ha dicho el señor Martínez es que «todos los encuestadores están identificados con chalecos naranjas que llevan la inscripción del Ministerio de la Primera Infancia». Es decir que ante un señor vestido de naranja, hay que pensar primero que se trata de un funcionario público y no de un repartidor de gasesosas.

Protección de datos personales

El gobierno ha recomendado a los vecinos de los barrios censados «tener a mano» la documentación personal de los integrantes de la familia y las libretas sanitarias de los menores de edad.

Según explicó el subsecretario Martínez cada entrevista dura aproximadamente 45 minutos. “Durante el encuentro con las familias el encuestador también realiza preguntas vinculadas a las necesidades particulares de las personas que comparten la vivienda y el barrio en general. Además se pesan y miden a los menores de edad para llevar un registro antropométrico”.

Lo más preocupante de este operativo -según como lo cuenta la comunicación oficial del gobierno- es que «toda la información recogida es enviada a las plataformas del gobierno de la Provincia y distribuida entre todos los ministerios de la Provincia y organismos del Estado Nacional». Al decir «toda», se entiende que aquella información sensible incluirá la identidad de los encuestados, su registro antropométrico y su historia clínica. Todo ello, sin invocación expresa de una ley (en sentido formal) que ampare tanto la amplitud de la recogida de datos como su posterior transmisión a otras administraciones.

Quizá lo peor de todo, es que esta invasión anunciada de los domicilios particulares por parte del gobierno no está inmediata y directamente vinculada con una prestación social concreta y tangible, sino con la mera promesa de «conocer a fondo la situación de cada familia, cada barrio y cada rincón de la Provincia», no se sabe bien si para tomar mejores decisiones o para tener a los ciudadanos marcados, fichados y controlados, para ganar las elecciones o cualquier otro propósito desconectado de la lucha contra la pobreza.

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