Municipal
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Una defensa esperada
Después de la crítica publicada por nuestro medio, el Ministerio Público Fiscal de Salta, sin mencionarnos (la gentileza era de esperar), ha salido a defender el convenio firmado ayer con el Intendente Municipal de Salta.
Pablo López Viñals, Procurador General de Salta
Pablo López Viñals, Procurador General de Salta
Como era de esperar, el Ministerio Público Fiscal ha salido a defender el carácter «necesario» del convenio que el Procurador General, en nombre de aquel órgano del Estado, suscribió con el Intendente Municipal de la ciudad de Salta.

La explicación oficial, empleando un tono filosófico, habla incluso de «razones fundamentales»; pero estas razones no aparecen de ningún modo expresadas en dicha explicación.

Si la ley que organiza el Ministerio Público Fiscal y regula el ejercicio de sus atribuciones dice que los fiscales son competentes para entender en materia de contravenciones contra el medio ambiente, cuando estas se producen en el territorio de la Municipalidad de Salta, no hay razón alguna que justifique -ni siquiera el aumento de las infracciones contravencionales- que los fiscales no actúen donde y cuando les corresponda.

Los expedientes municipales en los que no ha intervenido un fiscal de la Provincia como señala la ley son, por definición, nulos.

Si no lo han hecho hasta ahora y desean hacerlo, por el motivo que sea, no es la voluntad del Procurador General, expresada en un instrumento contractual, el medio más idóneo para solucionar lo que, a primera vista, parece un claro incumplimiento legal.

Obsérvese que no se trata de un convenio por el que el Ministerio Público Fiscal exprese su deseo de que el basurero municipal pase dos veces por su oficina. Se trata del cumplimiento de una obligación legal indelegable, que afecta a asuntos en los que se hallan en juego derechos subjetivos e intereses legítimos, tanto de ciudadanos como de administraciones públicas.

«La coordinación de responsabilidades convergentes» tampoco es una razón fundamental para firmar un convenio de estas características. Bastaría con que cada quien cumpliese con los deberes que la ley le asigna. Y en caso de falta de coordinación, basta con que alguien levante el teléfono. Lo demás es puro teatro.

Fiscales perezosos

Del mismo modo, si lo que se pretende con el convenio es una actuación «más ágil» de los fiscales (algo que está muy lejos de constituir una razón «fundamental»), basta con que el jefe de todos ellos los ponga a trabajar, al ritmo que considere razonable para asegurar la persecución pública oportuna de todas y cada una de las conductas dañinas con el medio ambiente.

Si no se enteran a tiempo de los expedientes contravencionales, debe mandarlos a hurgar en los registros municipales, porque la aplicación de la ley no es algo que pueda quedar supeditado a la voluntad o a la «agilidad» de nadie.

Dureza en el castigo

Las multas, como cualquier sanción de naturaleza penal, responden al principio de legalidad. Si, a juicio del Intendente, las multas que se aplican actualmente no son suficientes o no alcanzan a disuadir a los infractores, lo que cabe es la reforma del código contravencional, y no la firma de un convenio «para que los fiscales se pongan más duros».

Informatización de las denuncias

Si lo que el Procurador General quiere es que sus fiscales se enteren pronto de las denuncias por contravenciones contra el medio ambiente, es suficiente con que sus subordinados estén atentos a sus comunicaciones electrónicas y que no duerman la siesta en sus escritorios. La firma de un convenio para un objetivo tan instrumental como este revela, en todo caso, una importante desconfianza del Procurador General hacia la eficacia de sus subordinados.

Fortalecer el acatamiento

El acatamiento de las normas penales que tutelan el medio ambiente es una cuestión que atañe a los ciudadanos. Si el acatamiento es mayor o menor, esto no depende de la voluntad concurrente de los funcionarios, sino del grado de responsabilidad cívica de los sujetos obligados a cumplir con la norma. No porque se pongan muy estrictos dos funcionarios se conseguirá que el acatamiento de las normas (una obligación cívica) se fortalezca de alguna manera. Un convenio que tuviera por objeto «fortalecer el acatamiento» de determinadas normas jurídicas firmado por dos funcionarios de este nivel se asemeja mucho a un brindis al sol, de los muchos que se suelen instrumentar en convenios inútiles, ilegales y grandilocuentes.

Reforma del Código Penal

Ni el Procurador General ni el Intendente Municipal de Salta tienen la más mínima competencia para reformar el Código Penal. Ya quisieran.

¿Por qué no se ha publicado el texto del convenio?

Si el texto del convenio no aparece publicado en las próximas 24 horas en algunos de los medios a través de los cuales se expresa habitualmente el Procurador General de la Provincia, habrá que pensar que lo firmado ayer oculta algunas cosas a los ciudadanos. Es probable, incluso, que el convenio contenga acuerdos aún más ridículos o inútiles que los aquí reseñados.

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