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Derechos Humanos y prisiones: Una conexión intermitente

Según el gobierno, los ascensos comportan «un reconocimiento a la capacitación y perfeccionamiento continuo, trabajo y vocación de servicio de cada efectivo».
Cárcel de Villa Las Rosas, en Salta
Cárcel de Villa Las Rosas, en Salta

El gobierno provincial de Salta ha informado ayer que el Servicio Penitenciario ha completado el ascenso de 850 agentes de las unidades de Salta, Metán, Orán, Rosario de Lerma, Cerrillos y Tartagal.


La información oficial recuerda que dicho servicio depende del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, pero al parecer cuando conviene, pues si se trata de depurar responsabilidades por crímenes cometidos en el interior de la cárcel, el Servicio Penitenciario y el ministerio son como dos universos separados.

En el caso de los ascensos de agentes, no hay problemas para reunir en un mismo acto al Secretario de Políticas Penales, señor Pablo Alavila, y al director general del Servicio Penitenciario, señor Juan Daza.

Entre ambos han ascendido a 48 agentes, que se suman a los 200 que fueron objeto de idéntica promoción esta misma semana y a los 602 que fueron ascendidos durante 2017.

Según el gobierno -el mismo gobierno que, sin asumir ninguna responsabilidad política, ha mandado al banquillo de los acusados a cinco agentes penitenciarios por el crimen de Andrea Neri- los ascensos comportan «un reconocimiento a la capacitación y perfeccionamiento continuo, trabajo y vocación de servicio de cada efectivo».

El señor Daza se ha mostrado feliz por el hecho de que no existen precedentes en la institución del otorgamiento de tantos ascensos.

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