Editoriales
- Desde el 1 de febrero de 1997 sirviendo a los salteños

Juzgados Federales de Salta
Juzgados Federales de Salta
Aquellos que desde hace bastante tiempo claman por un federalismo genuino que beneficie a Salta y a su producción, olvidan a menudo que nuestra autonomía provincial no solo se sostiene con autogobierno y con teóricas soberanías sobre los recursos naturales sino que requiere, además, el apoyo de instituciones federales fuertes, democráticas y eficientes.

Dicho en otros términos, que la debilidad o, incluso, la desaparición de las instituciones federales no reportará a Salta ningún avance en términos de autonomía provincial o de equidad territorial sino, más bien, todo lo contrario.

Por esta razón y no por otra es que la crisis que desde hace décadas afecta al orden jurisdiccional federal y a sus tribunales instalados en Salta representa un serio escollo para el progreso de Salta, hasta tal punto de poner en duda el futuro de esta Provincia como espacio civilizado, regido por normas jurídicas estables y justas.

Las causas de esta crisis hay que buscarlas, en primer lugar, en los poderes extraordinarios acumulados por los dos últimos Gobernadores de Salta, desde 1995 en adelante.

Esta concentración de poder -inusual y antidemocrática- solo pudo llevarse a efecto en base a una drástica reducción de la calidad de la representación de Salta en el Congreso federal. Tanto Romero como Urtubey se dedicaron con ahínco a poblar las cámaras nacionales de personajes dóciles, sin ningún talento conocido ni compromiso democrático. A ninguno de los gobernadores le interesó tener legisladores nacionales potentes, con capacidad política propia y brillo intelectual.

Por consiguiente, el extravío de la justicia federal de Salta no solamente es el resultado de la falta de recursos técnicos o de la influencia del narcotráfico en los procesos judiciales, como a menudo se pretende hacernos creer. Al contrario, hay factores políticos tan importantes como poco valorados, entre los que sobresale la marcada incompetencia de los legisladores que Salta ha enviado al Congreso en los últimos veinte años, que no han sabido o no han querido trabajar para afianzar en Salta las instituciones federales que juraron respetar y defender.

El resultado está a la vista: jueces inestables, extremadamente celosos, excesivamente creídos, vanidosos, desconfiados unos de otros; juzgados colapsados, causas paralizadas, pasillos irrespirables y un larguísimo etcétera que incluye una inusual cantidad de magistrados y funcionarios de esta jurisdicción sometidos a procesos penales y a expedientes disciplinarios, algunos de ellos por causas gravísimas. Las causas políticas de la crisis se confunden y se potencian así con una debacle moral de dimensiones incalculables.

Como hemos venido defendiendo en estas mismas páginas desde hace tiempo, al hablar del Poder Judicial no estamos hablando de un «servicio público» al uso, sino de una función esencial de Estado, sin la cual sencillamente no puede entenderse su existencia.

Urge por tanto sentarse a reflexionar con la debida seriedad sobre la necesidad y la conveniencia de seguir alimentando la espiral del poder exorbitante de los gobernadores. Un poder que crece, en buena medida gracias, a la sumisión militante de unos legisladores que se sientan en el Congreso, no para servir a las instituciones federales, como es su deber, sino para apuntalar, en abierto desafío a la Constitución Nacional, el «proyecto» de «su» Gobernador.

Cuando los salteños tengamos claro que no necesitamos legisladores que se dediquen exclusivamente a rendir pleitesía al Gobernador de turno sino unos con un mínimo sentido de la rectitud personal y de la unidad del Estado, podremos soñar con terminar de una vez y para siempre con este espectáculo lamentable de las miserias de nuestros jueces federales expuestas sin tapujos en todos los diarios del mundo.

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