Crítica política
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Paradojas pastorales

El mismo arzobispo que defiende a ultranza la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas de Salta enseña a los niños y niñas católicos de esta provincia que las normas de la Iglesia -por ejemplo las que se refieren a los divorciados vueltos a casar por lo civil- pueden ser ignoradas alegremente por los feligreses y por la propia jerarquía católica, cuando hay intereses políticos de por medio.
Cargnello, Urtubey y Macedo
Cargnello, Urtubey y Macedo

Si el Arzobispo de Salta fuese realmente coherente con sus posturas «progresistas» mandaría inmediatamente a sus abogados -incluidos los de algunas conocidas sectas ultras- a que se personaran en el recurso extraordinario federal que tramita la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la supuesta violación de los derechos fundamentales del hombre que está cometiendo la Provincia de Salta (al impartir enseñanza religiosa en el horario y en los espacios regulares de clases), y le pidieran al tribunal que declare de una buena vez la inconstitucionalidad de estas conductas.


Pero el señor Arzobispo parece que es progresista cuando le conviene y ultramontano en otras circunstancias.

Es sabido que el prelado ha interpretado con gran amplitud apostólica los nuevos criterios establecidos por el papa Francisco en cuanto al tratamiento que la Iglesia debe dar a los divorciados que se han vuelto a casar por lo civil. Prueba de este generoso espíritu, es la cordial y cristiana bendición que el Arzobispo ha derramado sobre el nuevo matrimonio del -divorciado- Gobernador de Salta con una conocida actriz de la escena nacional.

Lo que parece una realidad incontestable es que quien defiende como una leona madre la enseñanza religiosa en las escuelas, cuando le toca dictar cátedra desde el púlpito, hace una pedagogía sui generis y enseña a niños y adultos cosas tan educativas como que la esposa civil de un divorciado puede encabezar orgullosa las procesiones del Milagro, tal como si fuera la esposa bendecida por Dios; es decir, en las mismas condiciones.

En las clases de religión que se imparten en las escuelas de Salta se debería enseñar entonces que la autoridad del Arzobispo -dueño y señor absoluto de los cultos del Milagro- no alcanza sin embargo para decirle, insinuarle o susurrarle al Gobernador que no parece muy elegante ni muy coherente con las normas de la Iglesia que su nueva esposa siga la procesión a su misma altura. No es cuestión de que se la mande a sujetar la soga junto a las monjas azules, pero tal vez al prelado se le ha pasado por alto que en casos parecidos a este, la esposa del divorciado, por razones religiosas (y de ningún modo sexistas) debería seguir la procesión a una prudente distancia de su esposo.

Hoy se ha sabido por los diarios que el Obispo de Ibiza, monseñor Vicente Juan Segura, le ha retirado el saludo al alcalde socialista de la ciudad, Rafa Ruiz. ¿Por qué motivo? Simplemente porque el alcalde no asistió a la misa en honor a la patrona celebrada en la catedral de Ibiza, y tiene por norma no asistir a las misas, del tipo que sean.

El alcalde, sorprendido por la actitud del Obispo, recordó que su deber es el de observar el artículo 16.3 de la Constitución Española que dice que «Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones».

Si el Arzobispo de Salta fuese solo un poquito de lo susceptible (y conservador) que es su colega de Ibiza, esta es la hora en que no solo le habría retirado el saludo al Gobernador de la Provincia sino que también le habría prohibido asistir a las procesiones mientras no se produzcan mejoras en su situación personal.

Pero como el progresismo se impone a visiones arcaicas como las del obispo balear, el Gobernador de Salta goza de la más amplia complicidad del Arzobispo para hacer y deshacer de su vida privada como le plazca. Una complicidad esculpida pacientemente con gestos y reverencias por quien, al tiempo de hacerlos, entregaría gustoso su alma a Lucifer con tal de que la Corte Suprema no declarase inconstitucional las normas legales de la Provincia que vulneran el derecho fundamental a la libertad religiosa.

Si el fundamento de la bendición apostólica al Gonernador divorciado y vuelto a casar por lo civil es la igualdad de todos ante los ojos de Dios, debería aplicarse el mismo principio y admitir que todos los niños que asisten a la escuela pública son exactamente iguales para el Creador, sean creyentes o no, y que no se les puede discriminar por sus convicciones religiosas, imponerles creencias a la fuerza, ni etiquetarlos por ellas como si fuesen insectos de diferentes especies.

En resumen, que el primer responsable de enseñar la religión en Salta no es el Estado sino el señor Arzobispo, quien con el magisterio del ejemplo debería educar a los niños y niñas católicos de Salta en el respeto a las normas de la Iglesia. Unas normas que se han hecho para ser observadas y cumplidas en todos los casos y por todos los bautizados, y no para bendecir a unos y mandar a otros en igual situación al infierno, por un simple cálculo de afinidad política.

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