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- Desde el 1 de febrero de 1997 sirviendo a los salteños

Crisis en Cataluña

El autor plantea en este artículo que el orden jurídico forma parte también de la política. Que no hay ley que no haya sido formulada y debatida en términos políticos y que la inobservancia de las normas que nos hemos dado en nombre de la supremacía de la política es un peligroso contrasentido.
Felipe VI, rey de España
Felipe VI, rey de España

El debate que se está produciendo ahora mismo en España, a pocas horas de que las autoridades autonómicas catalanas concretaran -a medias- un referéndum que acabó con violencia y que no se pudo celebrar normalmente, está sacando a la luz un problema que, más que afectar a la democracia, afecta a la política misma.


El independentismo catalán -sobre todo después de haber desparramado por el mundo imágenes de la violencia del pasado domingo, algunas de ellas fraudulentas- intenta con visible insistencia instalar en la opinión pública mundial que se trata de un «conflicto político», que, como tal, requiere de soluciones «políticas». Entre ellas, la solicitada mediación de la Unión Europea.

No les falta razón, en el sentido de que estamos ante un conflicto de naturaleza claramente política, pero de uno que tiene su solución (su única solución) en normas jurídicas preexistentes (por caso, la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña) que no se puede dejar de cumplir so pretexto de que forman parte del universo «jurídico» y no del de la política.

Sin embargo, teniendo solución el conflicto -que la tiene- lo que algunos pretenden es que la política cree «otras soluciones» diferentes, ignorando lisa y llanamente lo que dicen las normas. Porque -ya se sabe- lo que es jurídico no es político.

Pero hay aquí o un error o un abuso. Las normas jurídicas -especialmente las leyes, votadas por los representantes de la soberanía popular- son un típico producto político, pues política es su forma de elaboración (negociación, debate, pacto, consenso, votación) como lo es también su forma de ejecución. Pretender separar lo jurídico de lo político es un error, en este conflicto y en cualquier otro.

La política, como el derecho, es nada más que fuerza. De modo y manera que pensar que las leyes se deben dejar de lado cuando nos enfrentamos a un problema político significa automáticamente decir que las leyes no sirven para lo que deben servir. Y esto no es verdad.

Hay una palabra en inglés, muy sonora y descriptiva, que es «enforcement», con la que se designa el acto de obligar a la observancia o cumplimiento de una ley, de un mandato o de una obligación. Las normas, por tanto, son pura fuerza, y así debemos interpretarlas y aplicarlas.

La fuerza creativa de la política, que incluye sin dudas la formulación de nuevas normas jurídicas, es razonable cuando se pretenden alguna de estas dos cosas: 1) instituir un orden legal enteramente nuevo, y 2) modificar el orden legal existente. En cualquiera de los dos casos hay un marco normativo más amplio que indica qué pasos se deben seguir para hacer lo uno o lo otro.

Quien quiera instituir un orden legal enteramente nuevo saltándose las normas preestablecidas lo que está haciendo es una revolución. Y las revoluciones, ya se sabe, solo se justifican desde el punto de vista ético cuando quien pretende llevarlas a cabo sufre una importante pérdida de sus libertades. Y este no es, ni de lejos, el caso de Cataluña.

La política no solo es lo nuevo y por venir, sino también los siglos de tensiones, acuerdos y desacuerdos que precedieron al orden actual. Las normas de convivencia se van acumulando y crean un acervo común, que es político en el más prístino sentido de la expresión, ya que existe precisamente para impedir u obbstaculizar el que las mayorías circunstanciales -especialmente las democráticas- quieran echar abajo lo que ha llevado siglos construir.

La solución política es la ley (por lo menos en este conflicto) y la ley es innegociable. No se puede negociar con quien violenta el orden jurídico para sacar ventajas políticas, sean de coyuntura o de largo plazo. Y en este sentido tiene razón el rey de España al plantear la cuestión en términos irreductibles. Así como los jueces y los fiscales no negocian con quienes han cometido homicidios o violaciones, tampoco pueden negociar con quienes han cometido actos delictivos contra el orden constitucional, aunque sus reivindicaciones fuesen absolutamente legítimas.

El «diálogo» es otra cosa diferente. Hablar se puede hablar todo lo que sea necesario, pero hay que ser realistas: muy poco margen queda para el diálogo cuando una de las partes ha decidido por las suyas poner sus dos pies fuera de la legalidad. En tales casos solo se puede hablar para intentar de que vuelvan a ponerlos donde corresponde. Así sucede con el asaltante que toma rehenes: la Policía negocia con él su entrega; jamás su impunidad.

Si alguien se empeña en seguir desafiando a la legalidad, el uso de la fuerza (incluso de la fuerza bruta) parece inevitable. Me extraña profundamente que en estos días hayan salido a revolotear tantas «palomas de la paz». Fundamentalmente porque los propósitos independentistas se basan en un acto de fuerza manifiesto. Quien usa la fuerza -verbal, jurídica o física- tiene que estar dispuesto a soportar la fuerza contraria.

Y cuando dos bandos como los enfrentados usan la fuerza (en la proporción que sea) solo uno de ellos la emplea de modo legítimo. El otro nunca podrá hacerlo. Pensemos en una batalla campal entre la Policía de Salta y las patotas de los barrios periféricos que trafican con droga. Si la Policía se enfrenta a ellos ¿qué se supone que debe hacer? ¿Hablarles de filosofía, de pájaros y de flores?, ¿Debe renunciar a usar de la fuerza para preservar el orden público o para hacer cumplir las resoluciones de los jueces? Creemos que debe actuar, no solo porque es su deber hacerlo sino porque eso es precisamente lo que espera la sociedad de su Policía.

Entre nosotros se tiende a confundir democracia y libertad con debilidad del Estado. El carácter o la naturaleza democrática de un régimen político no pone más límites al ejercicio de la fuerza que el respeto a la ley y la observancia de las decisiones de las autoridades legítimamente constituidas. Aunque la violencia no es, en una gran mayoría de casos, el mejor camino para solucionar los problemas, no caben dudas de que en casos extremos la renuncia a la violencia por parte de quien legítimamente puede utilizarla es de una gran irresponsabilidad política.

Diré para finalizar que la política es una construcción lenta y paciente. Que los políticos de hoy están obligados a moverse dentro de un marco de normas que los políticos que los precedieron diseñaron con esfuerzo y que perdura precisamente porque ha sorteado la prueba del tiempo y para el bien de los ciudadanos y de su civilización. Es razonable desde luego que los nuevos quieran dejar su huella en la historia, pero no al precio de ignorar y despreciar los acuerdos políticos y los esfuerzos de antaño. Estos, al contrario, deben ser respetados y aprovechados para que quienes hoy están investidos del poder de decidir concentren sus energías en los nuevos desafíos que afrontan las sociedades, y en especial en la resolución de los problemas que plantea el futuro.

La independencia es un objetivo político razonable como cualquiera otro. Especialmente lo es la independencia de Cataluña. Pero sin el auxilio de la ley, cualquier objetivo político, por respetable que sea, se convierte automáticamente en un ataque a la convivencia, que debe ser repelido -o «reprimido» si así lo prefieren ustedes- con la mayor energía de que disponga aquel que tiene el deber de velar por la convivencia y la armonía entre todos los ciudadanos.

Una vez más, hablamos de «enforcement», una palabra a la que solo temen quienes han transgredido la ley y ofendido a sus semejantes.

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