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Los Kennedy
Los Kennedy

La lid política expone a quienes participan en ella a una serie de sinsabores entre los que, sin dudas, se incluyen los ataques al honor personal y las intromisiones en la vida privada y familiar. No quiere decir que estos ataques e intromisiones deban ser tolerados, sino que quien participa de la vida política debe estar especialmente preparado para sufrirlos, más tarde o más temprano.

Participar activamente de la política, ser candidato a un cargo público, ofrecerse, opinar, debatir, tomar decisiones sobre la vida del prójimo granjea adversarios y enemigos. Algunos de ellos pueden llegar a ser incluso feroces y trasponer con relativa facilidad la línea que separa -o debería separar- la censura política del ataque personal.

No hay dudas acerca de que la familia de los políticos en activo sufre con mayor intensidad que otras los desbordes emocionales y la agitación que provoca el choque de opiniones y decisiones. Es un precio que pagan casi todas las familias que no dejan librado al político a su suerte.

El problema se presenta cuando no es un solo individuo el que en el seno de una familia se dedica a la política sino cuando son varios y de varias generaciones los individuos que, unidos por un lazo biológico, se lanzan en manada a ocupar cargos y posiciones políticas.

Cuando se ataca el honor de uno de ellos, se invade su intimidad familiar o se lesiona su derecho a la propia imagen, para apreciar la existencia de daño debe tenerse en consideración la dimensión demográfica de la familia y su exposición pública, que siempre es voluntaria; es decir, consentida por quien participa en política.

En una familia casi totalmente «política», por la dedicación personal de quienes la componen, la frontera que separa la vida pública y la vida familiar es difusa, hasta el punto de que, en muchas ocasiones, es imposible distinguir entre ambas esferas.

En tales casos, si se apreciara la producción de un daño -lo que solo sería posible si el ataque al honor se revelara innecesario o desproporcionado frente al imperativo, sin dudas de mayor valor, de dar a conocer noticias sobre asuntos de gran trascendencia pública o repercusión institucional- tal daño debe dividirse proporcionalmente por el número de miembros de la unidad familiar dedicado efectivamente a la política.

Si ya es injusto que un político solitario se ampare en su derecho al honor para eludir censuras, críticas y opiniones sobre su comportamiento político, mucho más lo es que una familia entera, que ha hecho de la política y del presupuesto público su única forma de vivir, pretenda reivindicar derechos fundamentales tal como si fuera una persona ignota, sin responsabilidad pública.

Nadie tiene, desde luego, derecho a dañar a los demás, ni en su salud, ni en su patrimonio, ni en su honra. Pero algunos, más expuestos que otros a que cosas como estas sucedan, no pueden de la noche a la mañana demostrar que tienen la piel demasiado fina y alegar que el daño que se les inflige adquiere dimensiones familiares, cuando la familia en sí misma es una entidad política.

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