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- Desde el 1 de febrero de 1997 sirviendo a los salteños
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Aunque muchos no lo sepan y otros tantos miren para otro lado, los salteños convivimos a diario con graves amenazas y problemas sin resolver, que nos privan de la tranquilidad necesaria para sentarnos a pensar sobre nuestro futuro.

El primero de estos problemas y, seguramente, el más urgente, es el del agotamiento del modelo de solidaridad social, que es cada día más obsoleto, más inequitativo, más ineficiente, más costoso y menos sostenible; tanto en términos económicos como morales.

A pesar de ello, cuando se abre para nuestros políticos una ventana mínima que les permite reflexionar sobre lo que vendrá, los iluminados de siempre aprovechan para plantear una reforma constitucional, creyendo así que la sociedad se «actualizará» y que nuestras instituciones entrarán en sintonía con el mundo.

Por lo poco que he podido ver sobre las propuestas para reformar la Constitución, la mayoría de ellas tiene como eje vertebrador (de una serie de retoques menores) el de la limitación temporal de los mandatos del Gobernador y los intendentes municipales.

Pero, ¿es esta de verdad una necesidad urgente para los salteños?

La respuesta es que no lo es. Que no se necesita inmediatamente una reforma de la Constitución para limitar los mandatos de uno y otros. Que basta con un acuerdo amplio y sincero entre todos los partidos políticos en el que figure un compromiso claro de todos para que los mandatos se reduzcan invariablemente a un solo término de cuatro años sin posibilidad de reelección, ni consecutiva ni no consecutiva.

No me detendré en esta cuestión en particular, ya que con el ejemplo de la reforma constitucional solo quiero poner de relieve el grave error que supone plantearse con tanta seriedad una cuestión que puede encontrar una solución efectiva y razonable por otras vías que no requieran la movilización de tantos recursos políticos y sociales como una reforma constitucional.

Soy partidario de que nuestros políticos -la mayoría de ellos brillantes juristas- se pongan a trabajar en otras cosas, que son más importantes para el futuro, como por ejemplo en encontrar la forma de hacer más por los que menos tienen.

En mi opinión, si los salteños queremos tener alguna oportunidad en un mundo que evoluciona tan rápidamente, tenemos que tomar más riesgos e innovar. Por razones relacionadas con nuestra cultura y la configuración de nuestra sociedad, esta innovación tiene que ser primero institucional y luego social.

Las transformaciones que experimenta el mundo y de las que Salta no es ajena (no vivimos en la Isla de la Fantasía, precisamente) han hecho surgir nuevas injusticias y nuevas desigualdades. Las herramientas que hoy tenemos para luchar contra ellas se parecen mucho a un balde de agua tibia en medio de un voraz incendio con llamas de varios metros de altura.

Son viejas las herramientas como viejos los criterios que se esgrimen para manejarlas; por no decir que son también viejos y obsoletos (independientemente de su edad biológica) quienes hoy deciden las formas y escogen las vías para cohesionar a la sociedad.

Ahora mismo, si nos arriesgamos a simplificar, se podría decir que hay dos clases de salteños: De un lado, una minoría muy selecta, que ha tenido la suerte de acceder a una buena formación y que posee un capital económico y cultural importante, que intenta aprovechar la tímida apertura del país hacia el mundo. Del otro, una inmensa mayoría de salteños más modestos, más frágiles, cuyo destino está inexorablemente ligado a la coyuntura económica y que son las primeras víctimas de la competencia desbocada entre territorios, de las transformaciones tecnológicas, de la precariedad, del desempleo, de los problemas de salud y de la carencia de servicios públicos eficientes.

Plantearse un nuevo modelo de solidaridad no significa otra cosa que pensar en el futuro tanto de unos como de otros, y no simplemente creer, como hasta ahora, que la solución es hacer fluir los recursos desde el primer grupo al segundo.

Debemos pensar en primer lugar en el desafío que supone crear para los salteños (porque hoy no existe) un modo específico de libertad: una autonomía basada en la solidaridad. No podemos seguir viviendo en una sociedad que penalice el individualismo y lo confunda a menudo con el egoísmo y el desinterés dañino por el prójimo.

Para ello, entre otras reformas necesarias y urgentes, debemos pensar en echar los cimientos de una sociedad en la que los individuos, de cualquier condición u origen, sean capaces de elegir. Es decir, debemos liberar nuestra vida cotidiana de bloqueos de cualquier orden y permitir que cada uno pueda decidir su propia vida, en plenitud de derechos y con la máxima libertad.

Esto supone, lógicamente, acabar con las políticas actuales en las que el Gobernador de la Provincia se muestra (y habla) como una monja de la caridad y apela al amor a los niños para justificar unas barbaridades que no tienen perdón.

Habría que preguntarse -ahora, no después- por qué motivo vivimos en una sociedad tan dislocada, en donde reina la exclusión, la violencia y la inequidad y en la que la libertad de elegir la propia vida está reservada a los más fuertes y vedada a los más débiles.

Ha llegado la hora de inventarse nuevas protecciones y nuevas seguridades, porque es la única manera de hacer frente a las nuevas desigualdades que asoman en el horizonte y que no solo son cada vez más perversas y disgregadoras, sino también potencialmente generadoras de más violencia y más exclusión.

Cualquiera sea el nuevo modelo de solidaridad que adoptemos (si es entre todos, mejor), hay un cambio que parece ya inevitable: el del rol del Estado.

Tenemos que dejar de pensar en el Estado salteño como en el «gran albañil» y sentarnos a rediseñar de arriba a abajo sus instituciones y procedimientos para convertirlo en un gran «inversor social»; en alguien que deje de considerar a los individuos por lo que son sino por lo que podrían llegar a ser y por su potencial aportación a la sociedad en la que viven. ¡Basta de seguridades mínimas! Hay que permitir que cada uno, cualquiera sea el lugar donde se encuentre, exprese todos sus talentos y dé rienda suelta a toda su humanidad.

Quizá -si no quedara más remedio que elegir- tendríamos que convivir durante un tiempo más con carreteras deficientes o vivir en barrios poco iluminados y hacer que el Estado dedique sus mejores energías, no tanto a la ingeniería civil (y al cemento) como a la ingeniería social.

Esto es necesario no solo para los pobres, a quienes no solo debemos testimoniar una solidaridad pecuniaria en forma de subsidios tan infames como insuficientes, sino asegurarles un lugar verdadero en nuestra sociedad. También es verdad para aquellas personas que son víctimas de discriminaciones, étnicas, religiosas, de género o de orientación sexual.

Cientos de miles de salteños viven instalados, más o menos resignadamente, en la pobreza. Otros muchos temen, todos los días, que la espiral infernal de la precariedad termine devorándolos. Todo, mientras su gobierno se esfuerza en colocar parches con miles de planes y programas, caóticamente formulados y peor ejecutados, y al mismo tiempo reserva los mejores «cortes de carne» para un segmento selecto de la sociedad. Muchas veces hace esto por mezquindad o por egoísmo, pero, en algunas ocasiones, los privilegios manifiestos de que disfrutan ciertos sectores y ciertas familias tienen que ver con la confianza que el gobierno deposita en ellos como los futuros «solucionadores de problemas» de la sociedad salteña.

Pero el futuro de los salteños y de su modelo de solidaridad no debe estar en manos de unos pocos. Ni siquiera de los más inteligentes o preparados. Todos, cualquiera sea nuestra condición, nuestro origen, nuestro nivel formativo y nuestro domicilio, estamos llamados a construir la casa que nos albergará a todos el día de mañana.

Si algo de esto pueden comprender nuestros políticos, estoy seguro de que los debates que precedan a las próximas elecciones serán ricos, variados y útiles. De lo contrario, no tendremos más remedio que sentarnos todos a esperar de que alguien decida por nosotros, como ya se hizo antes, si un ciudadano ha de desempeñar un cargo público durante cuatro, ocho o doce años. En tal caso el debate no solo será inútil, sino que habremos desaprovechado una ocasión muy importante para calzarnos los pantalones largos y pensar en el futuro con la madurez, serenidad y resposabilidad que los salteños se merecen.

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