Jorge Raventos
- Desde el 1 de febrero de 1997 sirviendo a los salteños

Panorama semanal

Pocos dudan de que el exvicepresidente Amado Boudou, valido de la señora de Kirchner, hace tiempo que no genera simpatía pública precisamente. La justicia tiene mucha prueba acumulada contra él en distintas causas y, aunque no ha sido condenado aún, probablemente lo será cuando los procesos lleguen a ese punto.
Juan Manuel Urtubey y Amado Boudou
Juan Manuel Urtubey y Amado Boudou
¿Quién filmó y filtró a los canales de noticias las imágenes de un Amado Boudou lagañoso, desgreñado y descalzo escuchando el largo fraseo de un funcionario judicial en la antesala de su detención?

Pocos dudan de que el ex vicepresidente, valido de la señora de Kirchner, hace tiempo que no genera simpatía pública precisamente; la Justicia tiene mucha prueba acumulada contra él en distintas causas y, aunque no ha sido condenado aún, probablemente lo será cuando los procesos lleguen a ese punto. Pero, como escribió el sábado Carlos Raymundo Roberts en La Nación, “nadie, tampoco él, se merece semejante humillación” como la que suscitó el show de su apresamiento preventivo y la inmediata divulgación de las imágenes.

Caso Boudou y tensión con los jueces

La detención no tomó totalmente de sorpresa a la Casa Rosada, alertada por la ministra de Seguridad, que debía proveer los efectivos para ejecutar la orden del juez Ariel Lijo. Pero desde esa sede se procuró destacar que el magistrado había actuado en ejercicio de su plena independencia (es decir, por las suyas) e incluso que había “sobreactuado”.

En rigor, las relaciones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial (o, más específicamente, el Presidente de la Corte y un grupo de jueces federales) no atraviesan tiempos sosegados. El presidente Macri dedicó algunas frases de su discurso del lunes 30 de octubre a azuzar a la administración judicial (le reclamó que controle el gasto y los recursos, que “ modernice sus procesos para dar un servicio ágil y transparente” y que “dé el ejemplo”). Coincidentemente algunos medios recibieron información sobre jubilaciones de magistrados (el ex miembro de la Corte Eugenio Zaffaroni recibe casi 400.000 pesos mensuales por ese concepto) y recordaron que los jueces no pagan impuesto a las ganancias.

En la misma semana, el ministro del ramo, Germán Garavano, insistió ante Ricardo Lorenzetti "la cantidad y calidad de delitos que enfrentamos supera largamente la organización del juzgado tradicional (…)seguimos trabajando en el modelo colonial (...)leemos un expediente judicial como hace 200 años (…)tenemos que replantear la forma en que trabajamos en la Justicia".

La ofensiva de Garavano ocurrió en un acto organizado por AJUFE, la asociación de jueces federales que preside Ariel Lijo, el magistrado que unos días después sería oblicuamente responsabilizado por “sobreactuar” en el caso Boudou.

Justicia y equilibrio

Las expectativas del gobierno en relación con los casos de corrupción que pesan sobre el la gestión anterior residen en que los procesos avancen, no en que se precipiten. Los estrategas comunicacionales de la Casa Rosada quieren que se note que “hay Justicia”, pero temen al mismo tiempo que una aceleración desmedida sea contraproducente y que las vaticinables condenas puedan imputarse a la presión política o a alguna variante vengativa. De hecho, la señora de Kirchner adjudicó el apresamiento de su ex escolta a un “plan de disciplinamiento social” de Macri.

Hay otros temores oficiales: uno es que el repentino ímpetu judicial sea considerado una manifestación de descontrol e imprevisibilidad (figuras que a veces son definidas como inseguridad jurídica) y que eso redunde en un obstáculoadicional a la captación de inversiones.

Por otra parte, en la Casa Rosada registran la preocupación de sectores en principio afines. El director de cine Juan José Campanella alentó, por caso, la lectura de una nota del periodista Ernesto Tenenbaum, quien escribió el viernes: “Puede ser que esos jueces federales hayan incrementado su poder hasta el infinito: desde ahora, podrán detener a quienes quieran, sin necesidad de que nadie les pregunte demasiado. Hoy es Boudou. ¿Quién será mañana? ¿Están seguros quienes festejan hoy que el clima actual durará para siempre? ¿Y entonces? ¿Quién celebrará cuando uno de los federales detenga a quien le ordene un poder de signo inverso al actual? ¿Se entiende por qué, en lugar de celebrar, tal vez haya que recuperar la capacidad de pensar?”

Tenembaun enumera un listado de detenidos que fueron funcionarios o políticos K (Milagro Sala, Julio De Vido, Lázaro Báez, Ricardo Jaime, Roberto Baratta, Víctor Manzanares, José María Núñez Carmona, César Milani, Claudio "Mono" Minnicelli, José López, Armando Pérez Gadín, Omar "El Caballo" Suárez y Juan Pablo "Pata" Medina) y señala: “Existen algunos puntos problemáticos. El primero de ellos es que todas estas personas detenidas, de acuerdo con la ley, son inocentes. Es probable que, si el proceso contra ellas continúa, dejen de serlo. Pero para eso se requiere una condena. La libertad de un ser humano es un valor central para cualquier democracia. Por eso, su detención solo debe ser producto de una condena de un tribunal colegiado, y solo en casos muy excepcionales, producirse en etapas preliminares de un proceso”.

En rigor, el fenómeno había empezado mucho antes de que Tenembaum lo advirtiera; bajo el gobierno K la Justicia prolongó la prisión de militares sin condena o denegó la prisión domiciliaria a otros, mayores de 75 años. Elisa Carrió, ya fuera de la campaña electoral, advirtió, extemporánea pero franca en este punto, que “no responde al derecho humanitario que gente de 80 años esté detenida en cárceles comunes y no tengan prisión domiciliaria”. En su momento Carrió se rebeló contra el deseo del Presidente de impulsar el cese de la Procuradora Gils Carbó por una norma ad hominem, provocando una demora que se salvó con la renuncia, digamos, voluntaria de la interesada. En cuanto al show de la detención de Boudou, la líder de la Coalición Cívica hizo equilibrio entre la cautela de la Casa Rosada y las expectativas de sus fans: colgó en Twitter una frase si se quiere irónica para la circunstancia: “¡Viva la República!”.

La advertencia de De Vido

En la misma semana de la detención de Boudou, Julio De Vido tuvo tiempo de escribir una carta obviamente desilusionada y quejosa desde el Hospital de la cárcel de Ezeiza. El ex ministro está resentido con los diputados que permitieron su desafuero sin siquiera bajar al recinto para esbozar una defensa. Pero más resentido está con la señora de Kirchner. En ese sentido, hay un párrafo de su carta que no fue suficientemente observado por los comentaristas.

“Días anteriores a mi arbitraria e ilegal detención ocurrió algo que tuvo una influencia en los medios y en el Congreso. Fue cuando alguien dijo, al ser consultado de mi gestión, que no ponía las manos en el fuego por nadie salvo por su entorno familiar; demasiado explícito”.

Se refiere claro, a una declaración de la expresidente, que textualmente dijo: “No pongo las manos en el fuego ni por De Vido ni por nadie. Las manos en el fuego, por mí y por mis hijos”.

Desde el penal, De Vido acotó entonces en su misiva: “En realidad yo no conozco a nadie, y usted lector seguramente tampoco, que ponga las manos en el fuego y no se queme”.

Advertencia o diagnóstico, la frase del exministro puede, en más de un sentido, ser homologada a una amenaza.

“La reforma permanente”

Más allá de hechos que ocurren más allá de su jurisdicción, Mauricio Macri se muestra decidido a golpear sobre caliente. Apenas la sociedad asimiló la dimensión del triunfo electoral de Cambiemos (y mientras la oposición contabiliza sus bajas y mensura su repliegue), el Presidente comenzó a dar una vuelta de tuerca: lanzó una convocatoria a acordar “consensos básicos”, formuló los primeros rasgos desarrollados de un programa y desplegó líneas de un relato propio, basado en una, digamos, teoría (“la reforma permanente”, un placebo insípido que evoca la “revolución permanente” de León Trotsky y quizás procura confirmar la conjetura de Jaime Durán Barba de que “el Pro es el único partido de izquierda que hay en la Argentina”). Esa visión propone un “sujeto histórico” que no es ni un partido político ni una clase social, sino “nuestra generación” ; y tiene una meta movilizadora o, si se quiere, una utopía: “cambiar la Argentina para siempre”. Lo formuló Macri el lunes último en el CCK y lo repiten sin cesar sus voceros: ”somos la generación que está cambiando la Argentina para siempre”.

El Presidente habló el último lunes de octubre ante gobernadores, sindicalistas, empresarios y líderes judiciales y legislativos; el sector parlamentario que responde a Cristina Kirchner fue el único que decidió rechazar la invitación y autoexcluirse. Los que sí asistieron dibujan el croquis del nuevo sistema político y la base de las nuevas discusiones y consensos.

“Tenemos que avanzar en reformas donde cada uno ceda un poco, empezando por los que tienen poder”, señaló Macri. Los aplausos que cerraron su discurso probablemente disimulan el hecho de que la mayoría de los presentes considera que el verbo ceder debería ser conjugado principalmente por los otros.

La propuesta de Macri, aunque elocuente, se mantuvo en el plano de las prescripciones generales, encarnadas en algunos ejemplos fuertes sobre temas a modificar enérgicamente (por caso, cuando cuestionó el número de empleados de la Biblioteca del Congreso, la cantidad de empleados asignados a legisladores en algunas provincias o las ya mencionadas objeciones a la administración judicial). Habrá que ver si el ofrecimiento está abierto a correcciones e iniciativas ajenas.

Los consensos que el Ejecutivo motoriza ahora tienen fundamentalmente que ver con el recorte del gasto público, empezando por los rubros más arbitrarios e improductivos, así como con la disminución de las cargas que afectan la competitividad de las empresas. La excesiva carga fiscal motoriza el crecimiento de la economía en negro y desalienta la inversión.

Controversia sobre jubilaciones

Si bien el Presidente señaló que los primeros que tienen que ceder un poco son “los que tienen más poder”, cuando su mensaje comenzó a desagregarse y desarrollarse a través de ministros, funcionarios y voceros formales e informales, quedó claro que la principal fuente de disminución del gasto fiscal a la que apunta el gobierno es el sistema jubilatorio. Una fuerte expectativa de ahorro (100.000 millones de pesos) estaría depositada sobre los cambios que el gobierno propicia en el criterio de movilidad de los haberes jubilatorios.

En el año 2008 se estableció (por Ley 26.417) la fórmula de actualización de haberes que está en vigencia: dos veces al año (en marzo y septiembre) se incrementan los ingresos de jubilados y pensionados, así como las asignaciones familiares y la APH, de acuerdo a una combinación entre la evolución de los recursos tributarios de Anses y la de los salarios. Independiente de la variable inflación, el criterio hoy vigente puede resultar en un retraso de los haberes si los precios aumentan más que el índice o en una recuperación cuando la inflación desciende.

En el balance de los últimos dos años, los ingresos jubilatorios registran un retraso de 6 por ciento en relación con los niveles de 2015. Como la inflación está cayendo en estos meses, si el criterio actual se mantuviera los jubilados podrían recuperar en 2018 ese rezago. Sin embargo, el ahorro de 100.000 millones que el gobierno quiere producir en este rubro implica cambiar la fórmula actual por otra de aplicación trimestral basada en la tasa de inflación del período (que, como se señaló, está a la baja). El ahorro fiscal más sustancioso que se propone el gobierno se produciría a costa de los jubilados y pensionados. En ese punto no parece cumplirse el enunciado presidencial de que deben ceder sobre todo “los que tienen poder”.

La propuesta en este punto implica, para los jubilados, retroceder y congelar la situación en el retroceso. Los ingresos de los jubilados quizás no perderían en relación con la inflación, pero seguirían distanciados de los niveles salariales de los activos, lejos del principio del 82 por ciento móvil.

Por cierto, este tema, igual que otros como aspectos de la reforma laboral o algunos incrementos impositivos que afectan a economías regionales, debe pasar por el tira y afloja de la discusión parlamentaria y, en general, de las negociaciones que suponen “los consensos básicos” propuestos por el gobierno.

Los consensos se forjan discutiendo.

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